Un cabildo organizado por la Federación de Juntas Vecinales de La Paz en El Alto le cerró de nuevo las puertas al diálogo en busca de solucionar los conflictos y ratificó su principal pedido: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Otra de las determinaciones fue el refuerzo de las movilizaciones cuando se cumplen 33 días desde el inicio de los conflictos. Enfatizaron que no asistirán a ninguna convocatoria al diálogo.
El pasado sábado la comisión que impulsaba el diálogo suspendió sin fecha la instalación de una reunión del gobierno con los sectores movilizados, ante la falta de confirmación de estos últimos de su participación. Dicha diálogo estaba impulsado por la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y representantes de Derechos Humanos. A dicha instancia asistió el ministro de la Presidencia José Luis Lupo.
En el cabildo de este martes participó Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB). El dirigente aseguró que nadie financia las movilizaciones. La semana pasada un tribunal suspendió la orden de aprehensión en su contra con el objetivo de allanar su participación en un diálogo que sigue sin concretarse. El domingo la COB determinó que no enviaría a ningún representante a negociar con el gobierno.
”Cuando ha llegado (al poder) se ha olvidado del pueblo, que está decepcionado del Gobierno”, agregó Argollo este martes en alusión al presidente Rodrigo Paz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó en esta jornada su preocupación por la escalada de la conflictividad en Bolivia a raíz de las protestas.
“Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, señaló la entidad continental en un pronunciamiento público.
