Los propietarios del predio Santa Rita, ubicado en la provincia Guarayos, en el norte del departamento de Santa Cruz, exigieron a la Policía y al Ministerio Público la ejecución inmediata de órdenes de aprehensión y desalojo contra los presuntos responsables de un nuevo avasallamiento que mantiene ocupadas alrededor de 4.000 hectáreas productivas.
La propietaria del predio, la ingeniera Melisa Barba, denunció que un grupo identificado como interculturales ingresó de manera ilegal y armada el pasado viernes y continúa ocupando los terrenos, afectando gravemente las labores agrícolas que estaban próximas a iniciar la siembra de invierno.
Según la denunciante, se trata del quinto avasallamiento que sufre la propiedad en los últimos dos años y, en todos los casos, los responsables serían los mismos grupos organizados.
“Ya vamos tres campañas malas y no podemos seguir así. Nos han robado agroquímicos, balearon vehículos, secuestraron maquinaria, quemaron camionetas, retuvieron trabajadores e incluso hirieron al encargado de la propiedad. Las denuncias están hechas, pero no se hace absolutamente nada”, afirmó Barba.
La productora aseguró que más de 20 trabajadores permanecen dentro del predio sin energía eléctrica debido a la ocupación. Asimismo, señaló que los avasalladores ingresaron movilizados en aproximadamente 40 motocicletas, sumando unas 80 personas armadas y encapuchadas.
Barba denunció que, pese a existir órdenes de desalojo y aprehensión vigentes, estas aún no han sido ejecutadas. Indicó que las autoridades policiales le habrían manifestado que actualmente sus esfuerzos están concentrados en atender los conflictos y bloqueos que se registran en el país.
La propietaria identificó como presuntos líderes de la toma de tierras a Vicente O. y José Luis M., a quienes señaló como cabecillas de grupos dedicados a los avasallamientos y al tráfico de tierras en la región.
También expresó su preocupación por la falta de coordinación institucional para enfrentar el conflicto. Según relató, no logró comunicarse con la nueva directora departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Mónica Justiniano, ni con autoridades nacionales de la entidad.
“Lo único que pido es trabajar y producir alimento para los animales que generan proteína para la nutrición de los bolivianos”, manifestó.
El abogado Álvaro Latorre denunció que unas 40 personas encapuchadas y armadas ingresaron al lugar, amenazando a trabajadores y operadores de maquinaria.
El jurista señaló que detrás de la ocupación existirían grupos provenientes de San Julián que buscan incorporar la problemática de tierras a las negociaciones que mantienen sectores interculturales en el contexto de los conflictos sociales y bloqueos registrados en el país.
Latorre pidió una intervención inmediata de la Policía para garantizar la seguridad de los trabajadores, ejecutar las órdenes judiciales pendientes y restituir la posesión del predio a sus propietarios.
Los afectados advirtieron que la continuidad de la toma pone en riesgo una nueva campaña agrícola y genera millonarias pérdidas económicas, además de afectar la producción de alimentos en la región.