A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y llamó al Gobierno y sectores movilizados a priorizar el diálogo.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026. Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, señala el texto.
En el texto, la CIDH rememora que los conflictos se dan, en gran medida, por la pérdida de confianza de los sectores sociales hacia el Gobierno y señala que fruto de los 33 días de bloqueo y algunos operativos de desbloqueo ya se produjo la muerte de siete personas: 4 por falta de atención médica oportuna, 1 por arma de fuego en el contexto del operativo del ‘Corredor Humanitario de banderas blancas’; y 2 personas movilizadas, “cuyas circunstancias de fallecimiento continúan pendientes de esclarecimiento”.
Asimismo, señala que ya se registró 23 personas heridas y 321 personas arrestados, de las cuales 89 enfrentan procesos penales y 12 permanecen en detención preventiva. Además, rememora las denuncias de daños a instituciones públicas y privadas en el marco de las marchas que se registran, sobre todo, en la Sede de Gobierno; y al m3enos 15 agresiones contra la prensa.
No obstante, la CIDH reafirmó que la protesta social “constituye una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos, especialmente en contextos de conflictividad social” y es, además, “un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas, por lo que el Estado debe tolerar cierto nivel de afectación a la vida cotidiana”.
“En ese marco, corresponde al Estado respetar, proteger, facilitar y garantizar su ejercicio, recordando que actos aislados de violencia no deslegitiman una protesta en su conjunto”, señala.
En ese sentido, también señala que “toda actuación orientada al control de manifestaciones debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad en el uso de la fuerza”.
Al mismo tiempo, la CIDH reconoce que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales. “Cuando esto ocurre, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”, añade el comunicado.
La CIDH, en ese sentido, señala que “tanto el Estado como las personas manifestantes deben adoptar medidas para evitar riesgos a la vida e integridad de terceros, como el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el tránsito de ambulancias, de personal médico y de provisiones indispensables, como el acceso a medicamentos y alimentos”.
“Asimismo, llama a que el Estado proteja el trabajo de periodistas, con especial atención al diseño e implementación de una campaña pública de información sobre el respeto a la legitimidad e independencia de la labor periodística; del personal médico y de primeros auxilios; así como de personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, a que se abstenga de cualquier forma de criminalización de la protesta legítima y de cierre de espacios cívicos, y que garantice el debido proceso de las personas investigadas”, afirma.
El organismo aprovechó el comunicado para volver a exhortar al Estado a implementar las recomendaciones de dos informes clave: el titulado «Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia» y el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Bolivia). En ambos documentos se plantea la necesidad de fortalecer el diálogo democrático, intercultural y participativo, con representación de los sectores sociales movilizados, como el mecanismo más efectivo para canalizar demandas y reducir la conflictividad.
La Comisión también advirtió que en contextos de tensión social se recrudecen los patrones históricos de racismo y discriminación, por lo que instó al Estado a robustecer tanto las políticas como la legislación antidiscriminatoria, incluyendo el desarrollo de un Plan Nacional de Acción en la materia. En esa misma línea, destacó la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de la Defensoría del Pueblo, a la que reconoció como un actor clave en la facilitación del diálogo y la prevención de conflictos, y valoró los esfuerzos interinstitucionales orientados a frenar la escalada de violencia.
Finalmente, la CIDH reafirmó su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales a través de sus mecanismos de monitoreo y cooperación técnica, con el objetivo de contribuir a la cohesión social, la desescalada de tensiones y la protección de los derechos humanos en el país.
Entretanto, este martes se cumplen 33 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante distintos sectores, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de Gobierno y El Alto.