Tres parlamentarios presentaron una querella penal contra el ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Julián Romero, por las declaraciones que realizó durante una reunión con sus bases en medio de los bloqueos de caminos que afectan al país.
La acción legal es impulsada por el senador Marcelo Cortez y los diputados Antonio Pino y Marcelo Soliz, quienes consideran que las expresiones del dirigente podrían constituir delitos como terrorismo, instigación pública a delinquir, alzamiento armado y otros contemplados en la legislación boliviana.
La denuncia surge después de que Romero advirtiera a sus afiliados que quienes no acataran las medidas de presión o se opusieran a los bloqueos podrían enfrentar sanciones extremas. En el mismo discurso, también hizo referencia a la existencia de grupos organizados y a una eventual confrontación, declaraciones que fueron difundidas públicamente y generaron una fuerte polémica.
Según los legisladores, varios comunarios de zonas cercanas a Sucre expresaron su desacuerdo con los bloqueos y manifestaron sentirse intimidados por el tono de las advertencias. Mencionaron particularmente a habitantes de comunidades del Distrito 6 y áreas rurales próximas a la capital, quienes cuestionaron la falta de claridad de las demandas que motivan la protesta.
Los parlamentarios informaron que la querella ya fue presentada ante el Ministerio Público y solicitaron la apertura de una investigación formal para establecer responsabilidades. El proceso contempla la recolección de pruebas audiovisuales, declaraciones de testigos y otros actos investigativos.
Antonio Pino sostuvo que el objetivo no es únicamente lograr el levantamiento de los bloqueos, sino sentar un precedente frente a discursos que, a su juicio, promueven la violencia o vulneran el orden democrático. En la misma línea, Marcelo Soliz afirmó que ningún dirigente puede obligar a sus bases a asumir medidas de presión bajo amenazas o intimidaciones.
