En octubre de 2003, a estas alturas del conflicto, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada ya había colapsado. Tras semanas de movilizaciones y más de 60 muertos, la presión social logró derribar al Presidente y consolidar una narrativa que presentó aquellos hechos como una rebelión popular. Sin embargo, la coyuntura actual es distinta. Después de más de cuarenta días de bloqueos, el gobierno ha resistido sin caer en una escalada represiva que permita cambiar el sentido político del conflicto. Más bien, la percepción predominante es que las protestas responden a un intento de desestabilización impulsado desde el entorno de Evo Morales. El propio exmandatario ha contribuido a reforzar esa imagen al reconocer públicamente su participación en la planificación de las movilizaciones. Ahora, las amenazas de cercar o tomar instalaciones militares representan un salto aún más peligroso. Parece el último intento por provocar una reacción que transforme una protesta debilitada en una causa nacional. La gran diferencia es que, esta vez, la trampa parece visible para todos.