La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó este miércoles el cierre de El Helicoide, edificio gubernamental en Caracas señalado durante años como un centro de tortura, y declaró responsable al Estado venezolano por los abusos cometidos contra un estudiante detenido arbitrariamente hace más de dos décadas. El fallo se emitió en el marco del caso de Jorge Rojas, arrestado en 2003 durante una protesta contra el entonces presidente Hugo Chávez.
El tribunal con sede en San José dispuso que Venezuela tiene un plazo de 18 meses, contados desde la notificación de la sentencia, para clausurar el centro de detención y trasladar a las personas allí recluidas conforme a los estándares de la Convención Americana en materia de integridad personal, libertad y debido proceso.
La CorteIDH fundamentó su decisión en los hallazgos de múltiples organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que determinó que un número importante de detenidos en El Helicoide fueron víctimas de detención arbitraria, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, perpetrados por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sucesor de la antigua Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
En el caso concreto de Rojas, el fallo establece que fue golpeado en distintas partes del cuerpo, amenazado con violencia sexual, sometido a numerosos vejámenes, apuntado con armas de fuego y objeto de simulacros de ejecución mientras permanecía bajo custodia estatal en El Helicoide, todo ello en un contexto de impunidad frente a violaciones sistemáticas del derecho a no ser torturado.
Rojas había sido detenido el 19 de septiembre de 2003 durante un operativo de la DISIP en la Plaza Francia de Altamira, en el marco de una jornada de protestas contra Chávez. En 2004, un tribunal venezolano lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por porte ilícito de arma de guerra, intimidación pública y resistencia a la autoridad, aunque en junio de 2009 se declaró extinguida su responsabilidad penal y se ordenó su libertad plena.
La CorteIDH declaró que Venezuela violó el derecho de Rojas a la libertad de pensamiento y expresión, a la participación política y a la integridad personal, y subrayó que los agentes que perpetraron los actos de tortura nunca fueron investigados ni sancionados, lo que constituye en sí mismo una violación adicional a los derechos del afectado.
