Las 108 toneladas de cocaína boliviana incautadas en Chile explican mejor que cualquier discurso político, análisis sociológico o declaración gubernamental lo que está ocurriendo hoy en el país. Explican los bloqueos, la violencia, la radicalización y la desesperación de quienes durante años hicieron del país una plataforma privilegiada para el narcotráfico internacional. Cuando están en juego 8.300 millones de dólares -valor de la droga-, los conflictos dejan de ser únicamente políticos y pasan a tener una dimensión económica mucho más oscura.
La magnitud del cargamento obliga a mirar la realidad sin ingenuidad. No estamos hablando de un grupo de traficantes improvisados ni de una operación aislada, sino de una estructura industrial capaz de movilizar más de mil toneladas de carga, decenas de camiones, tecnología especializada, redes de protección y una logística que atravesó medio país, desde Pando hasta la frontera con Chile.
Durante veinte años de gobierno del MAS, Bolivia fue entregada a las redes del narcotráfico. Nunca antes se había visto una expansión tan grande de la producción de cocaína. Nunca antes el país había alcanzado capacidades productivas superiores a las 300 toneladas anuales. Nunca antes cientos de vuelos clandestinos habían operado con semejante frecuencia. Y, paradójicamente, nunca antes habían caído cargamentos de esta magnitud ni habían sido capturados grandes capos internacionales.
El problema es que el estado boliviano sigue penetrado por el narcotráfico y es obvio que quienes edificaron este andamiaje se resisten al cambio. Por eso resulta tan significativo que las autoridades chilenas hayan investigado este cargamento durante seis meses sin informar a Bolivia. No confían en las autoridades bolivianas. Y tienen motivos para ello. Demasiadas veces las investigaciones terminaron filtradas, demasiados operativos fracasaron misteriosamente y demasiados narcotraficantes lograron escapar en circunstancias difíciles de justificar.
Hoy ese escenario parece comenzar a cambiar. La creciente presión internacional, la cooperación antidrogas y el retorno de mecanismos de control que durante años fueron debilitados están afectando intereses enormes. El narcotráfico no solamente mueve droga; compra protección, financia estructuras, corrompe instituciones y genera dependencias económicas. Cuando esos privilegios empiezan a desaparecer, la reacción es feroz.
Algunos dudan que los bloqueos estén financiados por el narcotráfico. Cómo puede ignorarse la coincidencia entre la afectación de estos intereses multimillonarios y el clima de conflictividad extrema que vive el país. Los números son demasiado grandes para ser descartados como una simple casualidad.
Las 108 toneladas de cocaína representan mucho más que un decomiso histórico. Son la prueba material de la existencia de una economía criminal gigantesca que operó durante años bajo protección política e institucional. Son la evidencia de un sistema que convirtió a Bolivia en un santuario para los capos de la droga. Y son también una señal de que ese sistema, por primera vez en mucho tiempo, comienza a sentirse amenazado.
El cargamento de droga incautar en Chile explica el miedo, explica la violencia, explica los bloqueos y explica la resistencia de quienes saben que el negocio más lucrativo de la historia reciente de Bolivia ya no cuenta con la misma impunidad de antes.
