Walter Guevara, en su artículo publicado en Brújula Digital, sostiene que el Gobierno podrá superar la crisis de los bloqueos si logra controlar las fuentes de financiamiento que los impulsan e identificar a los estrategas que los planifican y dirigen. Asimismo, plantea que la ciudadanía podría colaborar apoyando masiva y pacíficamente a las fuerzas del orden en las tareas de desbloqueo.
Comparto plenamente la indignación por los enormes daños que una reducida cúpula de dirigentes y financiadores está ocasionando al país. Sin embargo, precisamente porque los verdaderos responsables rara vez aparecen en los puntos de conflicto, acompañar a la Policía o a las Fuerzas Armadas podría enfrentar a los ciudadanos con personas utilizadas como simples instrumentos de presión. Además, añadiría riesgos innecesarios y dificultaría la labor de las fuerzas de seguridad, que tendrían que proteger también a civiles sin preparación para situaciones de violencia.
La atención debe centrarse en quienes promueven, organizan, financian o instruyen los bloqueos. Son ellos quienes deben responder por los perjuicios ocasionados a millones de bolivianos.
Una vía concreta consiste en impulsar acciones legales por daños y perjuicios dirigidas individualmente contra los dirigentes de las organizaciones que convocan los bloqueos y contra las personas identificadas en actos de violencia destinados a imponerlos.
Los daños son evidentes. Miles de transportistas permanecen varados en las carreteras, enfrentando pérdidas económicas, problemas de salud, escasez de alimentos y separación de sus familias. Empresas productivas, comerciantes, agricultores y trabajadores independientes también han sufrido graves afectaciones. Diversas estimaciones calculan pérdidas económicas de miles de millones de dólares para el país, a lo que se suman vidas humanas perdidas, un daño irreparable que ninguna compensación económica puede resarcir.
En el área metropolitana de La Paz y El Alto, decenas de miles de transportistas han visto reducidos o eliminados sus ingresos diarios, mientras numerosas personas han perdido sus fuentes de trabajo. Sin embargo, los dirigentes que impulsan estas medidas suelen permanecer al margen de las consecuencias que generan.
La mayoría de los ciudadanos carece de los recursos necesarios para iniciar procesos judiciales por cuenta propia. Por ello, los colegios profesionales, las facultades de Derecho, las universidades y las instituciones especializadas en ciencias jurídicas podrían desempeñar un papel fundamental. Su aporte consistiría en desarrollar estrategias legales que permitan a personas, empresas, comunidades y sectores afectados promover demandas individualizadas contra quienes integran las dirigencias responsables de estas acciones.
El principio es simple: deben responder tanto quienes ejecutan actos que perjudican a terceros como quienes los ordenan, promueven o coordinan. La responsabilidad no desaparece detrás de decisiones colectivas ni puede diluirse bajo el argumento del denominado “mandato de las bases”. Quienes ejercen liderazgo también deben asumir las consecuencias de las decisiones que impulsan.
Este enfoque busca generar un cambio de conducta. Si los dirigentes saben que los daños ocasionados pueden traducirse en responsabilidades civiles y económicas personales, tendrán mayores incentivos para actuar dentro de los límites de la legalidad y el respeto a los derechos de terceros.
La finalidad no es la persecución política ni la venganza. Se trata de establecer mecanismos efectivos para que la reparación de los daños recaiga sobre quienes los provocan y no sobre millones de ciudadanos inocentes que terminan pagando los costos económicos y sociales de conflictos ajenos.
Por supuesto, el éxito de una estrategia de esta naturaleza dependerá en gran medida de la independencia y fortaleza del sistema judicial. Es posible que existan intentos de proteger a determinados dirigentes o de obstaculizar procesos. Sin embargo, un trabajo serio de la academia jurídica, respaldado por fundamentos legales sólidos y experiencias comparadas, puede proporcionar a la ciudadanía herramientas para exigir el cumplimiento de la ley.
La pregunta final es si la justicia estará a la altura del desafío. La respuesta dependerá de su capacidad para recuperar credibilidad, hacer valer el principio de responsabilidad y reafirmar que nadie puede causar perjuicios masivos a la sociedad sin asumir las consecuencias de sus actos.
