El bloqueo de caminos no es una novedad en Bolivia. Es, en rigor, una marca registrada de su historia democrática: un instrumento de ascenso político disfrazado de reivindicación popular. Hemos tenido presidentes que llegaron al poder bloqueando, y presidentes que cayeron porque no pudieron resistirlo. Hernán Siles Suazo, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa: todos fueron víctimas de una metodología que nunca buscó el bien del país ni de los más vulnerables, sino cuotas de poder para quienes la dirigen.
Si los bloqueos fueran genuinamente instrumentos de cambio social, los campesinos, los indígenas y los sectores populares que supuestamente representan estarían hoy en mejores condiciones. No lo están. Francia protesta más que Bolivia, pero lo hace en función de demandas concretas y Francia progresa. Aquí, en cambio, los dirigentes se enriquecen y las bases son chantajeadas: salen a bloquear bajo amenaza de perder su tierra, su vivienda, sus bienes. Eso no es sindicalismo; es una dictadura corporativa que usa a los pobres como escudo.
Durante veinte años, los mismos sectores que bloquearon para llegar al poder gobernaron este país. Y no transformaron nada. No atendieron las demandas de los campesinos ni de los obreros ni de los indígenas. Se apropiaron de las instituciones, de los recursos, del aparato del Estado. Ese es su verdadero legado.
Pero algo ha cambiado. Y esa diferencia es, por primera vez en la historia democrática boliviana, una percepción ciudadana mayoritaria y contundente en contra de los bloqueos. Las elecciones de octubre pasado lo dijeron con claridad: más del 70% de la población votó en contra de estos sectores. Se están pidiendo leyes antibloqueo. Se exige que el Estado use la fuerza para garantizar la libre circulación. El halo de representación popular que cubría a los bloqueadores se ha disuelto. Hoy la ciudadanía sabe que bloquear es un crimen, no una gesta.
A eso se suma un elemento que agrava aún más la imagen de quienes paralizan el país: hoy defienden abiertamente una estructura criminal ligada al narcotráfico, al contrabando y al avasallamiento. No bloquean por los pobres; bloquean para que esa maquinaria delictiva no sea desmantelada. Y el líder visible de este movimiento acumula acusaciones de pedofilia y narcotráfico. La credibilidad que alguna vez tuvieron se ha evaporado.
Por todo eso, por primera vez, existe la posibilidad real de ganarle a los bloqueadores. En más de 40 días no han conseguido derrocar al gobierno como lo hicieron con otros en el pasado. No tienen un líder creíble, ni un proyecto, ni una visión de país. Solo tienen miedo a rendir cuentas.
Ojalá que ganen los que defienden la democracia. Porque si ganan los bloqueadores, no regresamos al escenario de siempre: caemos en algo mucho peor. Un ecosistema donde el Estado es rehén del crimen organizado. Bolivia merece más. Y por primera vez, parece que la mayoría lo sabe.
