La Central Obrera Boliviana (COB) volvió a suspender este domingo su ampliado nacional de emergencia, una reunión considerada clave para definir la continuidad de las movilizaciones o la posibilidad de una “tregua social” tras 45 días de bloqueo de caminos. La postergación dejó en incertidumbre el rumbo del conflicto y volvió a evidenciar las crecientes divisiones internas dentro de la principal organización sindical del país.
El ampliado había sido convocado inicialmente para la tarde del sábado; sin embargo, fue postergado para este domingo con el argumento de garantizar una mayor participación de las organizaciones afiliadas. No obstante, la reunión tampoco pudo instalarse y fue suspendida nuevamente, esta vez sin una fecha definida para su realización, lo que refleja las dificultades de la dirigencia para consensuar una posición común frente al conflicto.
Uno de los casos más visibles fue el de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), que suscribió un acuerdo con el Ejecutivo y dio por concluidas sus demandas sectoriales. A partir de ese entendimiento, los fabriles anunciaron que centrarán sus esfuerzos en el seguimiento a compromisos relacionados con la producción y la generación de empleo, descartando nuevas medidas de presión.
La fragmentación también alcanzó a otros sectores sociales. Organizaciones campesinas asumieron posiciones divergentes frente al conflicto, mientras que las cooperativas mineras demandaron públicamente el levantamiento de los bloqueos debido a las pérdidas económicas que afectan a su actividad. En El Alto, las juntas vecinales también mostraron posturas diferenciadas y varias de ellas comenzaron a trabajar agendas específicas con el Gobierno.
En medio de este escenario, las centrales obreras departamentales de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija expresaron públicamente su respaldo a la apertura de un proceso de diálogo y pidieron a la dirigencia nacional de la COB escuchar el mandato de sus bases y buscar una salida negociada al conflicto.
Desde Sucre, el ejecutivo de la COB de Chuquisaca, Marcelo Torres, informó que los representantes de esos cinco departamentos hicieron llegar formalmente esa posición al secretario ejecutivo nacional, Mario Argollo. Según explicó, las organizaciones regionales consideran que la estrategia de confrontación asumida hasta ahora no ha generado resultados favorables para los trabajadores y que corresponde priorizar la negociación.
Torres sostuvo que los ejecutivos departamentales representan la voz de los trabajadores en cada región y, por tanto, la dirigencia nacional debe actuar en función de las decisiones emanadas desde las bases.
A las diferencias políticas se sumaron problemas para la realización del ampliado. Dirigentes de la COB argumentaron que no existían garantías para instalar el encuentro. Según reportes difundidos por medios sindicales, un grupo de personas increpó a los delegados que se dirigían a la reunión y lanzó tomates contra algunos asistentes, situación que provocó el retiro de varias delegaciones y derivó en la suspensión del evento.
El dirigente de los jubilados, Rodolfo Ayala, confirmó a Unitel que el ampliado fue suspendido por una supuesta falta de garantías. Indicó que su sector tenía previsto plantear una “tregua social” como alternativa para aliviar los efectos que más de seis semanas de movilizaciones han provocado en la población.
La nueva suspensión del ampliado deja sin una definición clara el futuro de las medidas de presión y refleja el momento de tensión que atraviesa la COB, cuya dirigencia enfrenta cada vez más dificultades para mantener una posición unificada frente a un conflicto que comienza a mostrar señales de desgaste en varios de sus sectores afiliados.
