El Tribunal Supremo de Brasil condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de coacción a la Justicia, al considerar probado que promovió sanciones de Estados Unidos contra magistrados brasileños y contra el propio país para influir en procesos judiciales vinculados a su padre.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los cuatro magistrados de la Primera Sala de la Corte Suprema. Además de la pena de cárcel, que deberá cumplirse en régimen semiabierto, el tribunal impuso una multa equivalente a 100 salarios mínimos, unos 31.700 dólares, e inhabilitación política por ocho años.
La condena está relacionada con las gestiones realizadas por Eduardo Bolsonaro ante el gobierno estadounidense después de trasladarse a Washington en febrero de 2025. Según la acusación, el exlegislador buscó presionar a las autoridades judiciales brasileñas que investigaban y juzgaban a su padre por una trama golpista tras las elecciones de 2022.
Los jueces consideraron que esas acciones derivaron posteriormente en sanciones adoptadas por Estados Unidos contra magistrados brasileños, así como en medidas comerciales contra Brasil. La administración del presidente Donald Trump justificó parte de esas decisiones argumentando supuestas irregularidades en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro.
Durante la lectura de la sentencia, el magistrado Alexandre de Moraes sostuvo que el propio Eduardo Bolsonaro reconoció públicamente haber realizado gestiones en Washington para promover sanciones contra jueces de la Corte Suprema. El juez presentó videos y declaraciones como parte de las pruebas incorporadas al expediente.
“Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles”, afirmó De Moraes al fundamentar su voto, respaldado por los demás integrantes del tribunal.
La defensa del exdiputado rechazó las acusaciones y sostuvo que las reuniones y contactos mantenidos en Estados Unidos formaron parte de una actividad política legítima. El defensor público Esdras dos Santos Carvalho argumentó que su representado no tenía capacidad de decisión sobre la política exterior estadounidense ni recurrió a amenazas o actos de violencia.
Eduardo Bolsonaro, quien permanece en Estados Unidos y no asistió al juicio, calificó previamente el proceso como una represalia política. A través de la red social X, afirmó que el Supremo actuaba en respuesta a la postura del presidente Trump y comparó su situación con los procesos judiciales enfrentados por el mandatario estadounidense. La condena se suma a los problemas judiciales de la familia Bolsonaro, luego de que el expresidente fuera sentenciado en 2025 a 27 años de prisión por conspirar para impedir la transición de poder tras las elecciones presidenciales de 2022.
