Tras el inicio del diálogo el miércoles por la tarde. No hubo avances este jueves en las negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) para pacificar el país al cumplirse 49 días del inicio de los conflictos. Desde ambos bandos hubo condicionamientos: el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, pidió que se levanten los bloqueos de carreteras, mientras que Mario Argollo, máximo ejecutivo de la COB, exigió la liberación de todos los detenidos.
Otro factor que complica el avance es el pliego de ocho puntos que puso sobre la mesa la COB, interpretado desde sectores políticos como un plan para marcar totalmente la agenda del gobierno en los próximos años.
Ante las críticas, Lupo salió a aclarar: “No estamos buscando un cogobierno con la Central Obrera. Lo que estamos buscando es una pacificación”. Agregó que si la COB tiene ese plan debería formar un partido, ganar elecciones y poner en práctica sus ideas.
También dejó en claro que las rutas deben despejarse para comenzar el diálogo. “La condición básica que debemos poner todos los bolivianos es la desmovilización”, puntualizó.
"No queremos cogobernar", respondió Argollo a Lupo, señaló que solo piden socialización en asuntos como los recursos naturales o leyes que afecten a sectores. Expresó además que hubo molestia por las declaraciones del ministro porque cree que "echa leña al fuego". Ratificó que se debe liberar a todos los detenidos para luego reactivar el diálogo de manera ininterrumpida hasta llegar a una solución. Los cívicos de Santa Cruz fueron los más críticos al diálogo COB-Gobierno, bajo la posición de que "no se negocia con delincuentes".
El ministro de la Presidencia descartó además una amnistía general para los detenidos en las movilizaciones. Dejó en claro que no se puede negociar decisiones para "dar impunidad a quienes hayan cometido delitos y que hayan hecho actos que están reñidos con la ley y, además, están siendo procesados”. El miércoles, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que una comisión integrada por abogados del gobierno y de la COB, además de fiscales, evaluaría la situación de los detenidos.
La Federación Túpac Katari, que aglutina a campesinos de 20 provincias de La Paz, anunció que dará una pausa humanitaria en los bloqueos, aunque no precisó cómo y cuándo se aplicará. Vicente Salazar, máximo ejecutivo de la organización, lanzó además críticas a la COB pues considera que perdió credibilidad. El sector dejó en claro que la decisión no implica levantar las medidas de presión.
