Estados Unidos y Bolivia firmaron esta semana su primer acuerdo de cooperación antidrogas en casi veinte años, un gesto que pone fin a una ruptura diplomática que se remonta a 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó del país a la agencia antidrogas estadounidense (DEA) y cortó relaciones con Washington. El convenio canaliza hasta 20 millones de dólares en capacitación, equipamiento y asistencia técnica, recursos que administrará la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado. El objetivo es fortalecer la capacidad boliviana para investigar y desarticular redes de narcotráfico, combatir el lavado de dinero y mejorar la transparencia policial y judicial.
Este paso boliviano no ocurre en el vacío: se inscribe en una ofensiva regional mucho más amplia que Estados Unidos ha desplegado bajo la iniciativa Escudo de las Américas, una coalición de países aliados promovida por la administración de Donald Trump para enfrentar al crimen organizado transnacional.
El contraste con lo sucedido en Venezuela es revelador. Allí, fuerzas estadounidenses ejecutaron recientemente un ataque militar directo —descrito por Trump como "rápido y letal"— que terminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, organización que Washington clasifica como terrorista. El operativo, coordinado según ambos gobiernos con las autoridades venezolanas, fue presentado por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, como un antecedente replicable en otros países de la región.
De hecho, días después Hegseth advirtió en una entrevista con CBS News que los estadounidenses "deberían esperar" operaciones similares en países como Guatemala y Ecuador, una afirmación que generó fricciones inmediatas con el gobierno guatemalteco. La presidencia de Bernardo Arévalo respondió que no existe autorización para que fuerzas extranjeras realicen operaciones de combate en su territorio, y que la cooperación con Washington se limita a entrenamiento, inteligencia y fortalecimiento institucional, bajo control soberano guatemalteco.
El acuerdo boliviano se ubica precisamente en ese segundo registro: cooperación técnica, capacitación y equipamiento, sin que hasta ahora se hable de despliegues militares. Sin embargo, el momento en que se firma —apenas días después del ataque en Venezuela y de las declaraciones de Hegseth sobre Guatemala— sugiere que Bolivia se integra a un tablero hemisférico donde Washington combina dos estrategias paralelas: asistencia institucional para gobiernos que se abren a la cooperación, y la amenaza, ya materializada en Venezuela, de acción militar directa contra estructuras criminales designadas como terroristas. Hegseth llegó a describir esta postura como una actualización de la Doctrina Monroe, en un contexto donde varios países de la región buscan, cada uno a su manera, definir los límites de esa colaboración con Estados Unidos.
Bolivia se integra a un tablero hemisférico donde Washington combina dos estrategias paralelas: asistencia institucional para gobiernos que se abren a la cooperación, y la amenaza, ya materializada en Venezuela, de acción militar directa contra estructuras criminales.
