Tras 50 días de bloqueos que paralizaron amplias zonas del país, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que Bolivia enfrenta una oportunidad para reconstruir su economía, alcanzar acuerdos políticos amplios y encarar reformas estructurales que, a su juicio, han sido postergadas durante años.
En una entrevista concedida este lunes a Brújula Digital, Lupo sostuvo que la crisis dejó profundas secuelas económicas, sociales y políticas, pero también abrió un momento excepcional para replantear el rumbo del país.
“Creo que la probabilidad de que eso ocurra y de saber aprovechar ese momento existe”, afirmó al ser consultado sobre la posibilidad de que el conflicto termine fortaleciendo a Bolivia en lugar de debilitarla.
Asimismo, afirmó que el bloqueo ha quedado “desprestigiado” como mecanismo de protesta y expresó su expectativa de que la sociedad boliviana avance hacia formas distintas de manifestación y reivindicación social.
Para Lupo, el principal desafío ahora es transformar una de las crisis más severas de los últimos años en un punto de partida para la reconstrucción institucional y económica del país.
Respecto a los responsables de los bloqueos, el ministro sostuvo que no debe existir impunidad y consideró legítimo que ciudadanos, empresas y organizaciones afectadas impulsen procesos judiciales para reclamar daños económicos o perjuicios a la salud.
“Hemos pasado una tormenta tremenda, y de aquí hay que empezar de nuevo”, afirmó.
El ministro defendió la actuación del Gobierno durante la crisis y aseguró que el Ejecutivo optó por agotar todas las instancias de diálogo antes de recurrir al estado de excepción. Según dijo, una intervención más temprana habría alimentado una escalada de violencia y favorecido los intentos de desestabilización.
Lupo calificó de “conspirativo y sedicioso” el pedido de renuncia presidencial planteado durante las protestas y sostuvo que algunos sectores buscaron utilizar el conflicto para afectar la estabilidad democrática.
A su juicio, la medida excepcional adoptada por el Gobierno no tuvo como objetivo restringir derechos, sino restablecer la circulación de personas y mercancías y garantizar el acceso a alimentos, combustibles, medicamentos e insumos médicos.
“El estado de excepción no fue para imponer la paz por la fuerza, sino para liberar al pueblo”, afirmó.
Reconstrucción económica
Lupo señaló que la prioridad inmediata es la recuperación económica y advirtió que los daños causados por los bloqueos van mucho más allá de las pérdidas monetarias.
Indicó que el país necesita apoyo de organismos internacionales para estabilizar la economía, fortalecer las reservas y recuperar la confianza de los inversionistas. Entre las medidas mencionó la posibilidad de acceder a mecanismos de financiamiento internacional y a programas de apoyo vinculados al Fondo Monetario Internacional.
Según explicó, una eventual unificación cambiaria requerirá reservas internacionales sólidas, condición que considera difícil de alcanzar sin respaldo financiero externo.
También destacó que la crisis evidenció la interdependencia entre las distintas regiones del país. Mientras los productores del oriente enfrentaban dificultades para comercializar sus bienes, muchas zonas del occidente sufrían problemas de abastecimiento, dijo.
Un acuerdo político amplio
Uno de los principales planteamientos del ministro fue la necesidad de construir un gran acuerdo político que involucre al Gobierno, los partidos con representación parlamentaria, las regiones y los sectores sociales. En el caso del Legislativo, dijo, el acuerdo debe ser “explícito”, es decir forma y no de facto como ocurre ahora.
A su criterio, la Asamblea Legislativa deberá desempeñar un papel central en la aprobación de las reformas que considera necesarias para impulsar la recuperación económica y brindar seguridad jurídica.
“El más importante de todos” los acuerdos es el que debe alcanzarse en el Legislativo, afirmó.
Entre las normas que mencionó figuran reformas vinculadas a hidrocarburos, minería, litio, agropecuaria, energías renovables, inversiones y nombramiento de autoridades estatales. Asimismo, sostuvo que será necesario debatir cambios en el sistema judicial y una reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Lupo argumentó que muchas de estas iniciativas han enfrentado resistencia debido a campañas de desinformación y consideró indispensable una mayor socialización para evitar conflictos futuros.
Inclusión y desarrollo regional
El ministro también enfatizó la necesidad de fortalecer la presencia estatal en sectores históricamente postergados, especialmente en las provincias paceñas y en zonas con elevados niveles de pobreza.
Según explicó, el Gobierno plantea mecanismos de participación y cogestión para definir proyectos de desarrollo junto a las comunidades, con el objetivo de evitar errores del pasado y garantizar transparencia en la ejecución de recursos.
“No puede haber paz duradera donde hay abandono”, sostuvo.
Lupo afirmó que la inclusión social deberá acompañar cualquier agenda de reformas económicas y consideró que el Estado no puede ignorar las demandas de regiones que reclaman mayor atención e integración.
