El gobierno espera alcanzar un acuerdo político explícito entre las fuerzas con representación parlamentaria para aprobar una agenda de reformas económicas e institucionales que permita superar la crisis provocada por más de 50 días de bloqueos y abrir una nueva etapa de estabilidad y crecimiento en el país, afirmó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Según Lupo, la experiencia de las últimas semanas demostró que Bolivia necesita consensos políticos más amplios para enfrentar los desafíos económicos y sociales acumulados durante años. Por ello, sostuvo que el principal escenario para esos acuerdos debe ser la Asamblea Legislativa.
Hasta ahora el gobierno ha preferido no firmar un acuerdo formal en el Legislativo. Ahora espera poder hacerlo con las fuerzas parlamentarias que dirigen Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa. Esas fuerzas, más el PDC, aunque con divisiones, suman más de dos tercios de los votos.
“Tenemos que ir a discutir abiertamente las leyes que van a permitir que Bolivia sea un país predecible, un país con seguridad jurídica”, señaló a Brújula Digital.
El ministro afirmó que el país atraviesa un momento decisivo y que sería “imperdonable” que las fuerzas políticas no logren construir coincidencias en temas considerados fundamentales para salir de la crisis económica.
Entre las normas que el Ejecutivo considera prioritarias mencionó reformas en los sectores de hidrocarburos, minería, litio, agropecuaria y energías renovables, además de iniciativas vinculadas a la atracción de inversiones, la seguridad jurídica y la modernización institucional.
Además, la Asamblea Legislativa participa, mediante distintos mecanismos, en la designación de al menos una treintena de cargos de alta responsabilidad en instituciones del Estado.
Entre ellas se encuentran las presidencias de la Contraloría General del Estado, el Banco Central de Bolivia (BCB), la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y los máximos tribunales del Órgano Judicial.
Lupo sostuvo que el acuerdo político debe extenderse más allá del Parlamento e involucrar también a gobernaciones, alcaldías, sectores productivos y organizaciones sociales. Sin embargo, remarcó que el entendimiento legislativo es el componente central de esa estrategia.
“El más importante de todos”, dijo al referirse al acuerdo que debería alcanzarse en la Asamblea Legislativa.
El ministro indicó que el Gobierno ya impulsó acercamientos con diversos actores políticos y sociales mediante reuniones realizadas en las últimas semanas, pero consideró que ha llegado el momento de avanzar hacia compromisos más concretos para garantizar gobernabilidad y permitir la aprobación de las reformas pendientes.
Parte de esa agenda incluye también una reforma parcial de la Constitución y cambios en el sistema judicial. Según explicó, estas modificaciones buscan mejorar la seguridad jurídica y generar condiciones más favorables para la inversión y el desarrollo económico.
Lupo reconoció que algunas de estas iniciativas podrían enfrentar resistencia social, pero atribuyó buena parte de esas dificultades a la desinformación que, a su juicio, ha rodeado el debate sobre diversas reformas. Por ello, sostuvo que el Gobierno deberá acompañar cualquier cambio con un proceso amplio de socialización.
En la entrevista, el ministro vinculó la necesidad de estos acuerdos con las consecuencias dejadas por los bloqueos. Afirmó que los 50 días de conflicto debilitaron tanto al Gobierno como a sectores productivos, transportistas, comerciantes y regiones enteras del país.
Pese a ello, consideró que la crisis puede convertirse en una oportunidad para construir consensos que permitan encarar las reformas pendientes y fortalecer la economía.
“Es una oportunidad única la que tenemos”, afirmó.
Además de las reformas económicas, Lupo señaló que el futuro acuerdo deberá contemplar políticas de inclusión para sectores que se sienten históricamente relegados, especialmente en las provincias paceñas y otras regiones con altos niveles de pobreza. Según dijo, la estabilidad futura dependerá tanto del crecimiento económico como de la capacidad del Estado para integrar a esos sectores en los procesos de desarrollo.
El ministro concluyó que Bolivia enfrenta ahora el desafío de transformar una crisis que puso en evidencia profundas fracturas políticas y económicas en una etapa de reconstrucción basada en acuerdos, reformas y cooperación entre los distintos actores del país.
