Pocas expresiones han sido tan utilizadas para justificar el poder político como la idea del "bien común". Suena noble, generosa e incluso incuestionable. ¿Quién podría estar en contra de algo que supuestamente beneficia a todos? Sin embargo, detrás de esa frase tan atractiva se esconde una idea peligrosa: que existe un interés colectivo superior a los derechos, decisiones y proyectos de las personas concretas.
El primer problema es que nadie puede definir con precisión qué es el bien común. Lo que para algunos es un beneficio, para otros puede ser un perjuicio. Sin embargo, políticos, burócratas y expertos suelen hablar del bien común como si fuera una verdad evidente. En la práctica, cuando alguien dice que una medida se toma por el bien común, lo que muchas veces está diciendo es que su visión de la sociedad debe imponerse sobre la de los demás.
Conceptos como “pueblo”, "sociedad", "interés general" o "bienestar social" suelen utilizarse como si fueran seres reales con voluntad propia. Pero la sociedad no piensa ni toma decisiones. Quienes piensan, eligen y actúan son las personas. Por eso, cada vez que alguien invoca el bien común, vale la pena hacer una pregunta sencilla: ¿quién gana, quién pierde y quién está tomando la decisión?
Esta cuestión se vuelve especialmente importante cuando hablamos de educación y salud. Se nos dice que son bienes tan importantes que deben quedar bajo la dirección del Estado para garantizar el bienestar de todos. El problema es que muchas veces ocurre exactamente lo contrario. Los pobres terminan recibiendo servicios de mala calidad, mientras quienes diseñan y administran el sistema cuentan con alternativas mucho mejores.
Los políticos que defienden apasionadamente la educación pública envían a sus hijos a colegios privados. Del mismo modo, numerosos funcionarios que elogian el sistema público de salud recurren a clínicas privadas cuando necesitan atención médica importante. Si el sistema es tan bueno, ¿por qué quienes lo promueven no lo utilizan para sus propias familias?
Al final, quienes más sufren las consecuencias suelen ser los sectores más humildes. Las familias con recursos siempre encuentran alternativas. Pueden cambiar de colegio, contratar apoyo adicional o buscar mejores servicios. Los pobres, en cambio, quedan atrapados en estructuras sobre las que tienen muy poco control. Así, el discurso del bien común termina justificando sistemas deficientes para la mayoría mientras las élites siguen disfrutando de opciones superiores.
Además, el concepto tiene una tendencia a expandirse sin límites. Si algo puede justificarse por el bien común, entonces casi cualquier intervención se vuelve aceptable. Poco a poco, más aspectos de la vida pasan a estar sujetos a decisiones políticas tomadas por terceros.
La historia ofrece suficientes ejemplos de cómo los gobiernos han utilizado conceptos abstractos para acumular poder. Casi nadie se presenta diciendo que quiere controlar a la población. Lo habitual es hacerlo en nombre del pueblo, de la sociedad o del bien común.
Conviene miraresta expresión con desconfianza. No porque la cooperación social sea mala ni porque las personas no deban ayudarse entre sí, sino porque detrás del supuesto bien de todos suele esconderse algo mucho más concreto: la voluntad de unos pocos imponiéndose sobre la libertad de los demás.
