Cincuenta días. No cinco ni diez. Cincuenta días de un país paralizado, sitiado y empobrecido por grupos que decidieron que las carreteras nacionales eran de su propiedad y que los derechos constitucionales de millones de bolivianos podían suspenderse por simple voluntad política.
Durante ese tiempo se restringió el libre tránsito, se interrumpió el abastecimiento de alimentos, se dificultó el acceso a la salud, se frenó la producción nacional y se aisló a regiones enteras. Sin embargo, frente a semejante desastre, la gran respuesta parecía ser una mesa de diálogo.
Porque, al parecer, en esta peculiar democracia tropical, mientras mayor es el daño causado al país, más grande debe ser la mesa donde se negocie la impunidad. La escena fue reveladora: convocar a la dirigencia de la COB, sentarla frente al Gobierno, firmar compromisos y presentar el resultado como una muestra de madurez política. Todo para que, pocas horas después, los propios bloqueadores demostraran que aquella negociación no representaba absolutamente nada.
Campesinos radicalizados, grupos cocaleros y organizaciones afines a Evo Morales se encargaron de recordarle al Gobierno que las carreteras seguían bajo su control y que los acuerdos firmados en la Casa Grande del Pueblo carecían de valor en los puntos de bloqueo.
Allí quedó expuesta una de las mayores debilidades de toda esta crisis: la incapacidad del Estado para diferenciar entre resolver un conflicto y administrar una rendición.
Mientras algunos dirigentes negociaban cómodamente su salida del escenario, quienes mantenían bloqueado al país continuaban ejerciendo control territorial sobre rutas estratégicas, desafiando la autoridad estatal y condicionando la vida de millones de ciudadanos.
La COB, que ya había sufrido un evidente desgaste y había sido cuestionada incluso por sectores tradicionalmente afines, encontró en aquella negociación una salida conveniente para proteger a su dirigencia. Perdió capacidad de convocatoria, vio debilitada su influencia y, aun así, logró sentarse a negociar sin asumir responsabilidad alguna por los daños ocasionados.
Pero la realidad terminó imponiéndose. Cuando quedó claro que los bloqueos continuarían; cuando la conexión entre Santa Cruz, Cochabamba y el resto del país seguía dependiendo de grupos radicalizados; cuando incluso los sectores movilizados comenzaron a acusarse mutuamente de traición; y cuando el costo económico y social ya resultaba imposible de ocultar, apareció lo que debió existir desde el principio: autoridad.
Y así nació el Estado de Excepción. No como una demostración de fortaleza política, sino como el reconocimiento tardío de que el diálogo, por sí solo, había fracasado.
Durante cincuenta días el Gobierno intentó administrar una crisis que dejó de ser una protesta para convertirse en una vulneración sistemática de derechos ciudadanos. Se trató como interlocutores válidos a quienes exigían la renuncia presidencial, paralizaban rutas nacionales y condicionaban el funcionamiento del país. Durante cincuenta días se confundió tolerancia con debilidad.
Por eso, el Estado de Excepción no representa únicamente una medida jurídica extraordinaria. Representa, sobre todo, una admisión política: que el Estado debió actuar antes; que los derechos de millones de ciudadanos fueron relegados mientras se intentaban alcanzar consensos imposibles; y que ninguna democracia puede sobrevivir si quienes bloquean carreteras tienen más capacidad de decisión que quienes fueron elegidos para gobernar.
Sin embargo, queda una pregunta pendiente: ¿quién responderá por los daños? ¿Quién responderá por los enfermos que no recibieron atención oportuna, por las familias aisladas, por los productores que perdieron cosechas, por los transportistas que vieron destruidas semanas de trabajo, por las exportaciones suspendidas y por los millones de dólares perdidos durante esta crisis?
En cualquier país donde el Estado conserve autoridad, la respuesta es simple: responden quienes provocaron el daño.
Bienvenido, entonces, el Estado de Excepción. Bienvenida la decisión que tardó cincuenta días en llegar. Bienvenida también la esperanza de que esta vez la ley sea algo más que una recomendación para quienes creen que la fuerza de un bloqueo vale más que la Constitución.
Porque Bolivia no necesita únicamente diálogo. Necesita memoria, autoridad legítima y justicia. Necesita recordar que los derechos ciudadanos no son negociables, que las carreteras pertenecen a todos los bolivianos y que ninguna causa política puede situarse por encima de la ley.
De lo contrario, seguiremos perfeccionando este singular modelo nacional donde los ciudadanos obedecen las normas, los productores sostienen la economía, los contribuyentes pagan la factura y los responsables del desastre negocian, cómodamente, los términos de su propia absolución.
