En política, los balances deben realizarse en función de los objetivos perseguidos por los actores en conflicto. Identificados estos, corresponde evaluar quién ganó, quién perdió y cuáles fueron los costos. Detrás de cada objetivo existe una estrategia; es decir, un camino diseñado para alcanzarlo.
Después de más de cincuenta días de bloqueos, resulta evidente que, más allá de las confusas demandas económicas y sociales esgrimidas por sus promotores, el objetivo central fue político: provocar la renuncia de Rodrigo Paz y alterar el orden constitucional. En torno a este propósito confluyeron dos actores con intereses distintos, pero funcionalmente aliados. Por un lado, una dirigencia sindical corporativa que durante dos décadas colonizó el aparato estatal y que hoy busca recuperar privilegios perdidos. Por otro, Evo Morales, cuya prioridad política es obtener impunidad frente a los procesos judiciales que enfrenta y mantener abierta la posibilidad de volver a ser candidato.
La estrategia empleada puede identificarse con claridad: marchas, bloqueo indefinido, asfixia económica, convulsión social y una escalada permanente del conflicto destinada a generar un desenlace trágico. En esta lógica, la violencia, la sangre y las muertes no constituyen accidentes, sino elementos funcionales para precipitar una crisis política que desemboque en la caída del gobierno.
Sin embargo, la prolongación del conflicto revela el fracaso de esa estrategia. El desenlace esperado no ocurrió. Con todos sus errores y debilidades, el gobierno evitó ingresar plenamente al escenario de confrontación violenta que buscaban quienes promovieron las movilizaciones.
No es casual, por ello, la permanente búsqueda de enfrentamientos. Cada intento de choque con las fuerzas del orden parecía orientado a producir imágenes capaces de alimentar una narrativa de represión estatal y convertir a las víctimas en bandera política. Sin muertos, la estrategia pierde eficacia; sin sangre, la presión sobre el gobierno disminuye considerablemente.
Desde 2023, Evo Morales ha protagonizado cinco bloqueos en su intento de recuperar protagonismo político y asegurar impunidad. El bloqueo se ha convertido en su principal herramienta de acción. En octubre de 2023 paralizó durante diez días la conexión entre oriente y occidente en el marco de la disputa por la sigla del MAS. En 2024 impulsó otros dos bloqueos de dieciséis y veintiún días, incorporando ya la exigencia de impunidad y la intención de desestabilizar al gobierno de Luis Arce.
En junio de 2025, frustrada nuevamente su aspiración electoral, promovió otro ciclo de bloqueos que derivó en hechos violentos, incluida la muerte de efectivos policiales en Llallagua. En aquella ocasión llegó incluso a reprochar a sus bases por la falta de compromiso, recordando que “Túpac Katari no pedía viáticos”, una frase que refleja la instrumentalización política de quienes sostienen estas movilizaciones.
En conjunto, desde 2023, Morales ha impulsado 118 días de bloqueo, prácticamente la tercera parte de un año. Si se considera que cada jornada de bloqueo representa pérdidas cercanas a los 112 millones de dólares, el daño económico acumulado supera los 13.200 millones de dólares, una cifra equivalente a cerca del 30% del PIB actual.
Las consecuencias son devastadoras: pérdidas para productores, transportistas, exportadores, comerciantes e industrias; desabastecimiento, alimentos echados a perder, enfermos sin atención oportuna y miles de ciudadanos sometidos a la incertidumbre. Lo más preocupante es que este sufrimiento parece formar parte del mecanismo de presión política. Cuanto mayor es el caos, mayor es la expectativa de alterar el equilibrio institucional.
Después de más de cincuenta días, el balance resulta inevitable. El principal objetivo político no fue alcanzado. El gobierno continúa en funciones y quienes apostaron por los bloqueos terminan enfrentando un creciente aislamiento. La COB y Evo Morales aparecen como los principales perdedores políticos.
Mientras tanto, Bolivia vuelve a pagar un precio extraordinariamente alto por una forma de hacer política basada en el conflicto permanente. Un país que necesita inversión, estabilidad y crecimiento continúa atrapado en una lógica donde el bloqueo sustituye al debate y la confrontación reemplaza al diálogo.
Ese es, quizás, el saldo más doloroso de esta crisis: después de semanas de pérdidas económicas, sufrimiento ciudadano y fractura social, nada sustancial ha cambiado. Solo queda un país más empobrecido, más polarizado y más agotado. Y esa, probablemente, sea la mayor derrota.
