El expresidente Luis Arce, los exministros de Justicia César Siles y de Economía Marcelo Montenegro, y el exprocurador Ricardo Condori aparecen mencionados en un caso de presunto tráfico de influencias que investiga la Policía española en contra del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero.
El caso gira en torno a una acción de lobby llevada a cabo por Rodríguez Zapatero, quien fue contratado para interceder ante las autoridades bolivianas con el fin de evitar que Soboce pagara 107 millones de dólares a Fancesa, empresa boliviana de cementos.
Las gestiones de Rodríguez Zapatero ante las autoridades bolivianas –y presuntamente ante el sistema judicial del país– resultaron favorables a los intereses del Grupo Gloria, propietaria de Soboce. En concreto, una sentencia de la Sala Segunda Constitucional de La Paz dejó sin efecto ese pago millonario.
Una vez consumada esa resolución, Rodríguez Zapatero cobró la parte final de los 200.000 euros acordados como retribución. La Policía española señala a los dos exministros, al exprocurador y al expresidente Arce como intermediarios en esta trama.
Hasta el momento, ninguno de los mencionados –menos aún Arce, quien se encuentra actualmente detenido– ha emitido declaración alguna al respecto.
Antecedentes
El caso tiene su origen en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española, aportado al denominado caso Plus Ultra.
Según ese documento, Zapatero habría cobrado los 200.000 euros de forma encubierta bajo la figura de una consultoría legal, canalizada a través de una empresa interpuesta llamada Focus Social Research.
Lo que los investigadores sostienen es que ese contrato simulado encubría gestiones de intermediación para que el Grupo Gloria –conglomerado peruano con inversiones en múltiples sectores en América Latina– no tuviera que pagar la multa millonaria a la que había sido condenada su filial boliviana, Soboce, por competencia desleal frente a Fancesa.
La UDEF sostiene que la concatenación de hechos acreditados permite inferir la existencia de una dinámica de intermediación e influencias orientadas a beneficiar al Grupo Gloria.
Más aún, el informe señala que este caso apuntalaría los indicios de una organización criminal liderada por Zapatero que, aprovechando sus contactos internacionales, se habría dedicado al ejercicio de influencias ilícitas en beneficio de distintos clientes.
La cronología de las gestiones
Las gestiones comenzaron en mayo de 2024. El 8 de ese mes se registró una primera reunión en la oficina de Zapatero con Carmen Almendras, que había sido antes embajadora de Bolivia en España. Al día siguiente, su secretaria, Gertrudis Alcázar, remitió a Almendras un borrador de asesoramiento.
El 13 de mayo, el Grupo Gloria firmó el contrato de consultoría con Zapatero por 200.000 euros pagaderos en tres plazos, más una dieta de 10.000 euros diarios en caso de viajes.
El primer pago –100.000 euros– se realizó el 28 de junio de 2024. Dos meses después, la secretaria de Zapatero contactó con la entonces ministra de la Presidencia de Bolivia María Nela Prada, para coordinar una reunión entre Rodríguez Zapatero y el presidente Arce, que finalmente tuvo lugar el 15 de septiembre. Ese mismo día, el exmandatario español se reunió también con Marcelo Montenegro.
En febrero de 2025, la Sala Civil del Tribunal Supremo boliviano ratificó la condena contra Soboce. Ante ese revés, el Grupo Gloria presentó en marzo un amparo constitucional.
En mayo, Zapatero instruyó a su secretaria para coordinar contactos con el procurador Condori, a través de la jefa de gabinete del presidente boliviano. Según las comunicaciones analizadas por la UDEF, finalmente Zapatero habló directamente con el ministro de Justicia, César Siles, el 6 de mayo de 2025.
El 30 de mayo, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal de Justicia de La Paz dio la razón a Soboce y dejó sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago de los 107 millones de dólares a Fancesa.
Una vez logrado el fallo, el 16 y el 20 de junio, se ordenaron dos transferencias de 50.000 euros cada una desde Focus Social Research a favor de Zapatero, completando así el total pactado.
El caso sigue su curso en la justicia boliviana, donde aún resta un paso para que el fallo sea definitivo.
