El escándalo que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero no es simplemente un caso de corrupción más en el interminable catálogo de la izquierda iberoamericana. Es algo más revelador y, en cierta medida, más instructivo: es la radiografía perfecta de una clase política que construyó su poder sobre el lenguaje de los valores y lo administró con la lógica del mercado negro.
Según las investigaciones de la Policía Nacional española, el expresidente del Gobierno habría actuado como intermediario remunerado entre el Grupo Gloria, conglomerado peruano con serios problemas judiciales en Bolivia, y altos funcionarios del gobierno boliviano. La recompensa: doscientos mil euros. El servicio prestado: hacer uso de una agenda de contactos construida durante años de militancia izquierdista regional, abrazos en cumbres del ALBA y retórica antiimperialista. El resultado práctico: la suspensión de una condena de 107 millones de dólares contra su cliente.
La paradoja es tan perfecta que casi parece diseñada por un guionista satírico.
Zapatero fue, durante más de dos décadas, uno de los referentes más activos del progresismo latinoamericano. Fue mediador, defensor, portavoz y legitimador de regímenes que en nombre del pueblo y la justicia social construyeron estructuras de poder opacas, alejadas de los controles democráticos y permeables, precisamente, al tipo de influencia que ahora se le atribuye al propio Zapatero. El círculo se cierra de manera impecable.
Lo que este caso pone sobre la mesa va más allá de la responsabilidad individual de un expresidente. Expone un modelo de funcionamiento político consistente en la cooptación de las instituciones por redes de influencia personal, disfrazadas de solidaridad internacional y compromiso progresista.
Los gobiernos de izquierda en la región no solo generaron deuda pública y restricción de libertades. También generaron algo quizás más peligroso a largo plazo: una clase de operadores políticos con acceso privilegiado a los círculos del poder, sin rendición de cuentas, sin transparencia y con una coartada ideológica impecable. Nadie cuestiona al mediador de la paz. Nadie audita al amigo del proceso.
El caso Zapatero debería interpelar a quienes durante años utilizaron la superioridad moral como argumento político. La corrupción es una patología del poder mal controlado, y el antídoto no es la ideología sino la institucionalidad, la separación de poderes, la transparencia, sistemas de control independientes y una justicia que no distinga entre amigos y adversarios del régimen.
Lo que resulta más llamativo del affaire Zapatero es la arquitectura que lo hizo posible: años de construcción de vínculos con gobiernos que precisamente debilitaron los controles institucionales que habrían impedido este tipo de operaciones. La lección no va dirigida solo a Zapatero. Va dirigida a todos los que creyeron que la retórica era suficiente garantía de probidad.
El caso Zapatero debería interpelar a quienes durante años utilizaron la superioridad moral como argumento político. La corrupción es una patología del poder mal controlado, y el antídoto no es la ideología sino la institucionalidad.
