El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dejó de ser el guardián de la Constitución para convertirse en el epicentro de la crisis institucional boliviana. La prórroga de su propio mandato y del de los altos tribunales demostró que puede reescribir las reglas del juego sin pasar por la Asamblea Legislativa ni consultar a la ciudadanía.
La Declaración Constitucional 0049/2023, que prorrogó de manera "excepcional y temporal" el mandato de magistrados del Órgano Judicial y del TCP, abrió una grieta difícil de justificar desde la teoría constitucional. Un órgano con mandato definido decidió extender su propia vigencia, invadiendo competencias reservadas al constituyente y al Legislativo, precisamente en nombre de la defensa de la Constitución.
Diversos análisis coinciden en que esta autoprórroga rompe un principio básico de toda democracia: quienes ejercen poder no pueden modificar unilateralmente las reglas que limitan su mandato. Cuando, además, el propio Tribunal invalida los intentos legislativos de revertir esa decisión, el mensaje es claro: la última palabra deja de pertenecer a la Constitución y pasa a depender de la mayoría circunstancial del TCP.
La Ley 027 consolidó esta concentración de poder. Al reconocer al Tribunal como intérprete supremo de la Constitución, cuyas decisiones son inapelables, le otorgó amplias facultades e independencia económica. Sin embargo, no creó contrapesos efectivos. Carece de mecanismos sólidos de rendición de cuentas, de exigencias rigurosas sobre independencia y trayectoria de sus magistrados y de controles institucionales capaces de limitar sus excesos. El resultado es un tribunal fuerte en atribuciones, pero débil en responsabilidades.
A ello se suma el experimento boliviano de elección popular de magistrados, prácticamente único en el mundo. La experiencia de 2011 y 2017 mostró que, lejos de despolitizar la justicia, trasladó la disputa partidaria a la fase de preselección, controlada por la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, los ciudadanos votaron entre candidatos poco conocidos y con escasa información sobre sus méritos. La legitimidad electoral terminó confundida con independencia judicial.
Reconfigurar el TCP no significa únicamente reemplazar magistrados, sino rediseñar las reglas que gobiernan la justicia constitucional. El primer paso es modificar el sistema de designación mediante un modelo mixto que combine participación ciudadana con evaluación técnica e intervención de universidades, colegios profesionales y organismos independientes, reduciendo así la captura partidaria.
El segundo frente consiste en establecer límites precisos a sus competencias. La Constitución debe dejar expresamente prohibida cualquier autoprórroga de mandatos y restringir la posibilidad de que el Tribunal altere la organización de otros órganos del Estado mediante declaraciones constitucionales.
El tercer eje es fortalecer la responsabilidad y la transparencia. Las decisiones del TCP deben estar acompañadas de audiencias públicas en casos de alto impacto, motivaciones reforzadas, publicación íntegra de votos individuales y mecanismos periódicos de evaluación institucional, sin menoscabar la independencia judicial.
Sin embargo, ninguna reforma será suficiente si la clase política continúa utilizando al Tribunal como un árbitro conveniente para resolver conflictos que el sistema político no logra solucionar. La justicia constitucional no puede seguir siendo el plan B de los pactos incumplidos ni el instrumento para legitimar decisiones políticas.
Una agenda mínima debería incluir una reforma constitucional que sustituya el actual sistema de elección popular por uno mixto, la modificación de la Ley 027 para prohibir expresamente la autoprórroga y acotar las competencias del Tribunal, así como el fortalecimiento de las Salas Constitucionales departamentales para descentralizar el control constitucional.
Nada de esto producirá resultados inmediatos. Pero mantener el modelo actual implica aceptar que un tribunal capaz de prolongar su propio mandato y arbitrar la política sin contrapesos seguirá concentrando un poder incompatible con el Estado constitucional. Esa no es solo una anomalía jurídica: es una bomba institucional instalada en el corazón de la democracia.
