La alarmante repetición de casos de linchamiento en Bolivia nos enfrenta a un espejo monstruoso: el colapso absoluto del Estado de derecho y el ascenso de un salvajismo disfrazado de rectitud. No hay eufemismo que valga. La llamada "justicia por mano propia" no es justicia; es un delito bárbaro, un crimen aberrante que se alimenta de la impunidad y el peligroso gobierno de las turbas.
El hecho más reciente estremece a Santa Cruz. En la zona de Villa Paraíso, en el Plan Tres Mil, Brandon, un adolescente de apenas 15 años, fue brutalmente golpeado por una multitud enfurecida tras ser trágicamente confundido con un delincuente. El menor falleció tras agonizar en una clínica. Semanas antes, en el municipio potosino de Pocoata, una turba de cien personas rebasó a la policía, arrastró a tres jóvenes sospechosos de robo fuera de las celdas y los quemó vivos dentro de los nichos de un cementerio.
Estos hechos desnudan el gigantesco margen de error y la facilidad pasmosa para la manipulación que tienen estos actos colectivos. Bajo la irracionalidad del tumulto, cualquier sospecha infundada se convierte en sentencia de muerte, transformando a ciudadanos comunes en verdugos y a inocentes en víctimas.
Históricamente, la mayor incidencia de estos ataques se concentra en las zonas periurbanas densamente pobladas y en comunidades del altiplano y el norte de Potosí. Con frecuencia se intenta justificar o matizar esta barbarie bajo el paraguas de la "justicia comunitaria". Sin embargo, esto es una distorsión absoluta: la verdadera justicia indígena originaria campesina respeta el derecho a la vida y prohíbe explícitamente la violencia extrema y la muerte.
Lamentablemente, desde que se institucionalizó constitucionalmente la jurisdicción indígena, ciertos sectores han utilizado este concepto como una perversa excusa para desatar la violencia. Peor aún, algunos movimientos sociales y estructuras comunales actúan como escudos de protección, encubriendo a los asesinos bajo un pacto de silencio colectivista que entorpece las investigaciones policiales.
La respuesta del aparato judicial boliviano ante estos crímenes ha sido históricamente displicente y tardía. En el caso del adolescente del Plan Tres Mil, ver que el presunto principal agresor quedó en libertad bajo una fianza de Bs 30.000 no es solo una afrenta para su padre, Crispín Mamani; es un mensaje nefasto para la sociedad. La vida de un menor de edad no puede cotizarse en una fianza.
El gobierno tiene la obligación urgente de desmontar este esquema de impunidad. Las autoridades judiciales deben dar señales claras e inequívocas de que la historia tiene que cambiar. Quienes participan en un linchamiento deben ser procesados y sentenciados con la pena máxima de 30 años por asesinato. Tolerar el gobierno de las turbas es renunciar a la civilización y aceptar que el país se rija por la ley de la selva.
Quienes participan en un linchamiento deben ser procesados y sentenciados con la pena máxima de 30 años por asesinato. Tolerar el gobierno de las turbas es renunciar a la civilización y aceptar que el país se rija por la ley de la selva.
