Organizaciones representativas del periodismo boliviano expresaron su alarma por la aprobación en grande, en la Cámara de Senadores, del Proyecto de Ley 066, denominado "Ley de Acceso a la Información", al considerar que la iniciativa fue tramitada sin un proceso de socialización con la ciudadanía ni con las instituciones periodísticas y de la sociedad civil.
En un comunicado conjunto, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (CSTPB), la Asociación de Medios Digitales de La Paz (AMDLP) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz (CMPLP) cuestionaron que el nuevo proyecto excluya los acuerdos alcanzados durante la elaboración de una propuesta anterior, aprobada por el Senado el 23 de octubre de 2024.
Según las organizaciones, la iniciativa actualmente debatida omite los contenidos consensuados con entidades periodísticas y organizaciones de la sociedad civil e incorpora disposiciones que consideran contrarias a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el acceso a la información pública como un derecho humano autónomo y establece el principio de máxima publicidad.
Los gremios sostienen que el proyecto crea mecanismos y procedimientos que restringen el acceso libre, irrestricto y oportuno a la información pública, además de no hacer referencia al artículo 106 de la Constitución Política del Estado, que garantiza los derechos a la información y a la comunicación.
Asimismo, manifestaron preocupación por disposiciones que, a su juicio, afectan el trabajo periodístico, entre ellas la posibilidad de que las entidades públicas establezcan criterios discrecionales para restringir información, los plazos considerados excesivos para la entrega de datos públicos y procedimientos que califican de burocráticos.
El comunicado también cuestiona la exigencia de presentar solicitudes por escrito, acompañadas de una fotocopia de la cédula de identidad y del registro de datos personales del solicitante. Las organizaciones consideran que esa medida vulnera la protección de datos personales, contradice el Decreto Supremo 5595 y puede poner en riesgo a periodistas que desarrollan investigaciones.
Otro de los aspectos observados es la disposición que obliga al solicitante de información pública a garantizar que su uso no genere "perjuicios a terceros" y a asumir plena responsabilidad sobre la información obtenida. Los firmantes consideran que ese requisito podría ser utilizado para desalentar o impedir investigaciones periodísticas sobre presuntos hechos de corrupción u otros delitos cometidos por servidores públicos.
Además, señalaron que el proyecto concede hasta tres semanas para la entrega de información pública, incluso cuando esta se encuentre disponible de forma inmediata, y asigna a las unidades de transparencia de cada institución la investigación de las negativas de los funcionarios a proporcionar información, pese a que dichas instancias, sostienen, carecen de independencia.
Las organizaciones también criticaron que la Cámara de Senadores no hubiera convocado a audiencias públicas con representantes del periodismo y de la sociedad civil para analizar el contenido del proyecto conforme a estándares internacionales.
Finalmente, los gremios calificaron la nueva propuesta como un retroceso y una duplicidad normativa, al recordar que existe un proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Públicas aprobado por el Senado en octubre de 2024, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, solicitaron el archivo inmediato del Proyecto de Ley 066/2025, al considerar que limita el derecho de acceso a la información reconocido por la Constitución.
