El economista norteamericano Thomas Sowell resumió en una sola frase la perversidad de los sistemas asistencialistas supuestamente diseñados para beneficiar a los pobres, cuando en realidad son sus víctimas. “Las políticas asistenciales pagan a la gente para que fracase” y lamentablemente Bolivia es la descripción perfecta de la patraña de los mal llamados incentivos.
El desayuno escolar, el almuerzo escolar, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad no son, en sí mismos, el problema. El problema es que conviven con un aparato tributario y laboral que castiga con dureza a quien decide dejar la pobreza y la informalidad y producir dentro de la ley. El resultado es un país donde permanecer pequeño, informal y dependiente resulta más racional que crecer.
El modelo “filantrópico” envía un mensaje muy claro a la gente: todo ciudadano es merecedor de un subsidio a condición de mantenerse vulnerable y lo pierde cuando prospera. Es más, cuando alguien consigue trabajo formal o inicia un emprendimiento, el sistema lo castiga con impuestos, requisitos, trámites e inspecciones, con todo el rigor de la burocracia buitre y corrupta.
La entrega de bonos de carácter permanente se ha consolidado no como un mecanismo temporal de transición hacia la autonomía, sino como un sedante institucional que perpetúa la pobreza y consolida la informalidad laboral, la cual ya asfixia a más del 80% de la población activa.
El núcleo del problema boliviano reside en la perversa asimetría de incentivos. Por un lado, el Estado premia la marginalidad económica: mantenerse en el sector informal exime al ciudadano de la carga tributaria, elimina las trabas burocráticas y asegura su elegibilidad dentro de la red de asistencia estatal. Por el otro, el sistema castiga con saña penalizadora el progreso. Aquel emprendedor que decide cruzar el umbral hacia la formalidad, abrir una empresa, emitir facturas y contratar personal bajo las normas legales, es inmediatamente perseguido por una fiscalización tributaria asfixiante, rigideces laborales artificiales y una burocracia inquisitorial.
¿Por qué las élites políticas han procedido históricamente de esta manera? La respuesta radica en el cálculo clientelar. Para la vieja burocracia, es políticamente más rentable administrar la dependencia de una masa corporativizada mediante pequeños cheques y subsidios de subsistencia, que construir un ecosistema de libertades económicas que fomente la acumulación de capital y la productividad real. Un ciudadano autosuficiente exige transparencia y rinde cuentas; un ciudadano dependiente de la ayuda estatal es un rehén electoral regulado por el cordón umbilical del presupuesto público.
El asistencialismo perverso debe sustituirse por incentivos al mérito. Es momento de derribar el muro que penaliza al productor formal y dejar de financiar el estancamiento. Solo alineando la ayuda social con el trabajo y la formalidad jurídica se podrá transformar la compasión estatal en una verdadera plataforma de despegue y libertad.
La entrega de bonos de carácter permanente se ha consolidado no como un mecanismo temporal de transición hacia la autonomía, sino como un sedante institucional que perpetúa la pobreza y consolida la informalidad laboral, la cual ya asfixia a más del 80% de la población activa.
