América Latina se ha convertido en el epicentro de la violencia homicida del planeta. Según el más reciente ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, 44 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en el continente americano, y la inmensa mayoría de ellas en nuestra región.
Puerto Príncipe encabeza la lista con una tasa que roza los 200 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero lo verdaderamente inquietante es lo que ocurre justo detrás: seis de las diez ciudades más peligrosas del planeta son ecuatorianas. Guayaquil, Babahoyo, Machala, Quevedo, Esmeraldas y Manabí comparten hoy el podio con Haití, un país que lleva décadas en estado de colapso institucional.
Lo que hace de Ecuador un caso de estudio no es solo la cifra, sino la velocidad de la caída. Hace apenas diez años, Ecuador ni siquiera aparecía entre los países con ciudades violentas del mundo; era, de hecho, uno de los más seguros de la región andina. Hoy encabeza, junto a México, el mapa global del horror.
Ese giro brutal no fue un accidente: fue la consecuencia de un Estado que, tras años de populismo y debilitamiento institucional bajo el correísmo, dejó que las estructuras de control territorial, inteligencia y justicia se erosionaran hasta el punto de que el crimen organizado transnacional encontró un vacío perfecto para instalarse. El "socialismo del siglo XXI" prometió soberanía y bienestar; dejó, en cambio, cárceles convertidas en cuarteles del narco y ciudades enteras bajo fuego cruzado.
Bolivia debería mirarse en ese espejo con urgencia. El país todavía no figura en la lista con las ciudades más peligrosas del mundo, pero la complacencia sería un error histórico. Hace mucho Bolivia dejó de ser un simple país de tránsito para convertirse en el tercer productor mundial de cocaína, con megalaboratorios industriales, redes familiares de maceración y alianzas con el PCC, el Comando Vermelho, el Cartel de Sinaloa, el CJNG y hasta la "Ndrangheta italiana.
El Chapare es apenas la punta visible de un iceberg que ya se extiende hacia una gran cantidad de territorios donde reina el crimen y el Estado boliviano ha perdido el control.
Ese es exactamente el patrón que precedió al colapso ecuatoriano: negación oficial, retórica identitaria para blindar la economía ilícita, y un Estado que prefiere disputar el relato antes que enfrentar la amenaza. Evo Morales construyó ese modelo y hoy insiste en sostenerlo.
Bolivia no puede resolver esto sola, como tampoco pudo Ecuador. Se necesita cooperación internacional real: inteligencia compartida, presión diplomática y disposición a aceptar que el problema ya no es una cuestión de "soberanía" sino de supervivencia institucional.
Cerrar la puerta a la comunidad internacional, como lo hizo el MAS durante años, solo acerca a Bolivia al lugar que hoy ocupan Guayaquil y Culiacán en los rankings mundiales de violencia. La pregunta no es si Bolivia puede evitarlo sola: es si lo entenderá a tiempo.
Ecuador pasó en diez años de país seguro a integrar el podio mundial de violencia; Bolivia, heredera de Evo Morales, corre igual riesgo y necesita ayuda internacional urgente.
