Con la escasez de gas licuado y las largas filas para conseguir una garrafa, el Gobierno nos está dando los primeros sorbos de un trago amargo que comenzaremos a beber en abundancia, tal como sucede hoy con los combustibles líquidos, el diésel y la gasolina. Lo que hasta hace poco era una preocupación de analistas y técnicos —la caída sostenida de las reservas de gas natural— ya tocó la puerta de las cocinas bolivianas. Las mujeres que hacen fila durante horas con una garrafa vacía en la mano no necesitan leer informes de YPFB para saber que algo se rompió. Lo están viviendo.
Los datos son elocuentes y no dejan lugar a la duda: de cerca de 14 TCF de reservas en 2005, hoy apenas rondamos los 3 TCF, o incluso menos. La producción no alcanza para cubrir el mercado interno y las termoeléctricas, que generan la mayor parte de la electricidad del país, dependen casi por completo de un insumo que se agota. En dos años, según coinciden varios especialistas, Bolivia tendrá que importar gas para producir su propia electricidad. El país que soñó con ser el corazón energético de Sudamérica hoy no logra ni siquiera abastecer sus propios hogares.
Y lo más doloroso de todo esto es que, lamentablemente, no se está haciendo nada para remediarlo. Es como ver que un edificio se desmorona piso por piso y quedarnos de brazos cruzados, observando, mientras se repiten discursos y se promete una ley de hidrocarburos que nunca llega a la Asamblea Legislativa.
¿Qué podría hacer el Gobierno? La respuesta técnica es simple, aunque incómoda: abrirse con todo a la inversión privada. Permitir que empresas con capital, tecnología y experiencia entren a explorar y explotar los campos que el Estado, por falta de recursos y de gestión, no ha sido capaz de desarrollar en dos décadas. Eso significa revisar a fondo el esquema tributario, dar seguridad jurídica a los contratos y, sí, en algunos segmentos del sector, privatizar.
Pero esa es justamente la palabra prohibida. Preferimos comer tierra antes que pronunciarla. Preferimos hacer filas de madrugada, cocinar con leña, ver a nuestros choferes varados en los surtidores, antes que aceptar una solución que no solo nos sacaría de esta crisis, sino que ayudaría al país a salir adelante de verdad. Es lo que hicieron economías que hoy son referentes de desarrollo: abrieron sus sectores estratégicos al capital privado y cosecharon inversión, empleo y crecimiento.
Qué patológica es la ideología cuando se antepone al bienestar de la gente. Qué triste es comprobar que preferimos la miseria compartida antes que dar el brazo a torcer frente a una palabra que incomoda a ciertos discursos políticos, pero que en la práctica ha sido la fórmula del éxito para tantas naciones. Bolivia no se quedó sin gas de un día para otro; se quedó sin gas porque decidió, durante años, no invertir. Y ahora, cuando la solución está a la vista, seguimos prefiriendo morir antes que privatizar.
La escasez de GLP anticipa una crisis energética mayor. Bolivia agotó sus reservas de gas por falta de inversión, pero el Gobierno evita la única salida viable: abrirse a la inversión privada. Por prejuicio ideológico, el país prefiere la escasez antes que privatizar el sector hidrocarburífero.
