El Gobierno vuelve a postergar el momento de enfrentar la realidad. Congelar los precios de los combustibles hasta enero de 2027 no resuelve el problema de fondo: solo aplaza el ajuste inevitable, además de agravar la escasez. Es un gasolinazo diferido, una factura que sigue acumulando intereses mientras se intenta proyectar una falsa normalidad. En lugar de explicar con transparencia el verdadero estado de las finanzas públicas, el Ejecutivo prefiere administrar el tiempo político. Se recurre a "mentiras piadosas" para amortiguar el golpe, pero eso solo agrava el impacto económico futuro. Cada mes sin corregir el desequilibrio incrementa el costo que el país deberá asumir tarde o temprano. Cuando llegue la hora de la verdad, el margen de maniobra será mucho menor. Ya no bastará con un aterrizaje forzoso; se corre el riesgo de un choque con heridas profundas para la economía. Gobernar también implica decir verdades incómodas. Postergar decisiones difíciles puede parecer rentable a corto plazo, pero suele convertirse en una irresponsabilidad histórica cuando el costo final resulta irreversible para todos.