El pasado 29 de junio Bolivia cerró una etapa de quince años de irrealidad cambiaria. El tipo de cambio fijo de Bs 6,96, sostenido desde 2011, fue reemplazado por un esquema flexible que el Banco Central publica día a día. En apenas dos semanas y media, el resultado es elocuente: el dólar oficial pasó de Bs 9,73 a Bs 10,40, un salto de 67 centavos que no da señales claras de detenerse. El presidente Rodrigo Paz ha intentado tranquilizar a la población recordando que la divisa llegó a costar hasta Bs 18 en el mercado paralelo, y que hoy "se está estabilizando". Pero reducir el problema a una comparación con el peor momento del mercado negro es, en el mejor de los casos, un alivio retórico, no un diagnóstico económico.
La pregunta correcta no es por qué el dólar dejó de estar congelado, sino por qué, una vez liberado, sigue subiendo sin pausa. Y la respuesta tiene poco que ver con la fórmula usada para calcularlo. Un régimen de cambio flexible no crea divisas: solo revela, con crudeza, cuán escasas son. Bolivia arrastra un agotamiento de sus reservas internacionales netas, producto de años de caída en las exportaciones de gas y de una factura creciente por importación de combustibles. Sin un fondo de estabilización real que respalde la oferta de dólares, cualquier sistema —fijo o flexible— termina bajo presión.
A esa fragilidad externa se suma una indisciplina fiscal que el propio Gobierno no ha logrado ocultar. El Presupuesto reformulado para 2026 mantiene un déficit del 11%, una cifra que ni siquiera incorpora los compromisos asumidos durante las negociaciones para desactivar los bloqueos de maestros, policías, cooperativistas mineros y transportistas. Mientras el gasto público no se ajuste a los ingresos reales, la moneda nacional seguirá bajo asedio, porque cada boliviano emitido sin respaldo de divisas termina buscando refugio en dólares.
El propio Ejecutivo ha contribuido a erosionar la confianza con promesas incumplidas: los 8.500 millones de dólares anunciados al inicio de la gestión nunca se concretaron, y la devolución de 2.300 millones en ahorros tampoco se completó. Sumado a los persistentes problemas de abastecimiento de gasolina, el mensaje que recibe la población es que las autoridades hablan con más confianza de la que sus cifras respaldan.
La experiencia boliviana ya ofreció una salida ordenada en 1985, con el Decreto Supremo 21060: control estricto del gasto, ningún boliviano emitido sin que antes ingresara un dólar, y obligación de liquidar divisas para los exportadores, un mecanismo que hoy aplica Argentina con resultados visibles. No se trata de añorar el pasado, sino de rescatar su lógica: disciplina fiscal y monetaria como condición, no como opción.
Mientras el Gobierno no ataque estas causas estructurales, el tipo de cambio flexible seguirá siendo apenas un termómetro que marca fiebre, no una cura. Cambiar la forma de calcular el dólar no resuelve nada si detrás persisten el déficit, la falta de divisas y la desconfianza. La estabilidad no se pide con fe: se construye con reformas.
