El gobierno venezolano y la oposición acordaron reanudar formalmente las negociaciones políticas y comenzar una agenda de trabajo el próximo 1 de agosto, en un proceso impulsado por Estados Unidos que busca establecer una hoja de ruta para avanzar en reformas institucionales y en un eventual proceso electoral.
El anuncio fue realizado por la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora y presidida por Dinorah Figuera, cuyo comunicado informó que las conversaciones con representantes del oficialismo abordarán el fortalecimiento de las instituciones, la renovación del sistema electoral y las garantías para la participación política.
El presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, confirmó la reanudación de los contactos entre ambas partes, lo que marca el regreso del diálogo político luego de que las negociaciones quedaran relegadas por la crisis humanitaria ocasionada por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.
La reactivación del proceso también representa un cambio en la estrategia de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que durante los últimos meses había concentrado sus esfuerzos en estabilizar el país tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la intervención militar del 3 de enero.
Desde entonces, Washington promovió el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el levantamiento gradual de algunas sanciones económicas y la llegada de inversiones destinadas a reactivar la industria petrolera venezolana, mientras las discusiones sobre una transición política permanecían en segundo plano.
El nuevo acercamiento comenzó a tomar forma a principios de junio, cuando Dinorah Figuera viajó a Caracas con respaldo de Estados Unidos para explorar una nueva etapa de negociaciones con el oficialismo. Su reunión con Jorge Rodríguez fue interpretada como el inicio de una estrategia impulsada por el Departamento de Estado.
La decisión sorprendió porque semanas antes la líder opositora María Corina Machado había manifestado su intención de asumir personalmente las conversaciones con el chavismo para acordar una convocatoria electoral. Sin embargo, su eventual regreso a Venezuela fue postergado en medio de la emergencia provocada por los sismos.
Mientras el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha promovido algunas medidas de apertura, como la liberación de presos políticos y una ley de amnistía, Machado continúa siendo una de las principales figuras cuestionadas por el oficialismo, que sostiene que mantiene procesos pendientes con la justicia venezolana.
La designación de Figuera como principal interlocutora ha sido interpretada por algunos sectores opositores como una señal del cambio de enfoque de Washington, que en los últimos meses ha privilegiado una estrategia de negociación institucional con el chavismo por encima del respaldo exclusivo al liderazgo de Machado.
En ese contexto, la Casa Blanca volvió a reconocer el papel de la Asamblea Nacional elegida en 2015, que continúa administrando algunos activos venezolanos en el exterior y es considerada por Estados Unidos como la última institución surgida de elecciones ampliamente reconocidas por la comunidad internacional.
Pese al acuerdo para iniciar las conversaciones, ambas partes mantienen diferencias sobre las prioridades del diálogo. La oposición plantea como ejes centrales la reconstrucción institucional, la renovación del Consejo Nacional Electoral y mayores garantías democráticas, mientras el oficialismo insiste en que el objetivo principal debe ser la unidad nacional para enfrentar las consecuencias de los terremotos.
La reanudación de las negociaciones coincide con la proximidad de una audiencia especial prevista en el Congreso de Estados Unidos sobre la situación política, los derechos humanos y la respuesta a la emergencia en Venezuela. La expectativa es que el proceso de diálogo permita reducir las tensiones políticas y abrir el camino hacia acuerdos que faciliten la normalización institucional del país.
