Los pacientes renales intensificaron las medidas de presión en diferentes regiones del país para exigir al Gobierno el pago de la deuda con los centros de hemodiálisis que prestan servicios bajo convenio con el sistema público. En Santa Cruz mantienen una vigilia indefinida y, en El Alto, un grupo de enfermos inició una huelga de hambre.
En la capital cruceña, los pacientes cumplen ocho días de protesta en la plaza 24 de Septiembre. Denuncian que el Ministerio de Salud mantiene deudas de entre ocho y diez meses con los centros de diálisis, situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos.
Marco Antonio Torrez, representante de más de 2.000 pacientes renales del departamento, señaló que hasta el momento no recibieron una respuesta concreta de las autoridades. Indicó que el Comité Cívico Pro Santa Cruz respalda la protesta y presentó una acción de libertad para exigir que se garanticen los pagos y la continuidad de la atención.
Según explicó, alrededor del 70% de los pacientes renales de Santa Cruz recibe tratamiento en centros privados bajo convenio y el 30% restante en hospitales públicos de segundo nivel. Advirtió que estos últimos no tienen la capacidad suficiente para atender a todos los enfermos en caso de que algún centro suspenda sus servicios.
"Apenas existen ocho máquinas en hospitales de segundo nivel. Si un centro deja de funcionar, cientos de pacientes se quedarán sin dónde dializarse", alertó el dirigente, quien pidió a la ministra de Salud cancelar la deuda para garantizar una atención digna.
En El Alto, pacientes renales cumplen su segundo día de huelga de hambre en el Hospital Agramont. Los manifestantes exigen el pago inmediato a los centros de diálisis e incluso solicitaron la renuncia de la ministra de Salud, Marcela Flores.
El dirigente César Peñaranda afirmó que los centros de hemodiálisis apenas logran mantener la atención por la falta de recursos y advirtió que, de persistir la mora, los propios pacientes deberán costear insumos básicos como filtros para sus tratamientos. Además, anunció que buscarán una reunión con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, o con el presidente Rodrigo Paz para encontrar una solución.
Los pacientes también advirtieron que, si no reciben una respuesta, radicalizarán las medidas de presión y trasladarán sus protestas hasta el Ministerio de Salud.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó su respaldo a la vigilia y exigió al Gobierno cumplir con los pagos pendientes. Señaló que, de no existir una solución inmediata, impulsarán acciones legales para garantizar el derecho a la salud de los enfermos renales.
Frente a las denuncias, la directora administrativa del Ministerio de Salud, Carol Orozco, reconoció que la actual administración recibió una deuda de Bs 500 millones correspondiente a prestaciones de salud, entre ellas los servicios de hemodiálisis, atención a pacientes con cáncer y unidades de cuidados intensivos neonatales.
La autoridad aseguró que el Gobierno realiza pagos de manera progresiva y afirmó que en las últimas dos semanas se desembolsaron cerca de Bs 19 millones, mientras otros Bs 13 millones se encuentran en proceso de revisión para ser cancelados. Explicó además que parte de la demora responde a observaciones en la documentación presentada por algunos centros de salud públicos y privados.
Entretanto, los pacientes mantienen sus protestas y advierten que no levantarán las medidas hasta que el Gobierno regularice los pagos y garantice la continuidad de los tratamientos de hemodiálisis para miles de personas que dependen de este servicio para sobrevivir.
