Estados Unidos anunció la imposición de un nuevo arancel del 25% sobre determinadas importaciones procedentes de Brasil, una medida que entrará en vigor el próximo 22 de julio y que fue rechazada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que anunció una respuesta mediante su Ley de Reciprocidad y acciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El nuevo gravamen fue anunciado tras una investigación de un año realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que concluyó que algunas políticas comerciales brasileñas afectan el acceso de productos estadounidenses al mercado del país sudamericano.
No obstante, la administración estadounidense informó que varios productos quedarán exentos del arancel, entre ellos la carne de res, el café, determinadas piezas de aeronaves y otros bienes que no se producen en Estados Unidos.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que las "prácticas comerciales desleales" de Brasil han perjudicado a trabajadores y productores estadounidenses, aunque aseguró que Washington mantiene abierta la posibilidad de continuar negociando con Brasil para alcanzar cambios en las políticas comerciales.
La reacción de Brasil no se hizo esperar. En un comunicado difundido por la Presidencia, el Gobierno de Lula rechazó la decisión y afirmó que no reconoce la legitimidad de investigaciones que, a su juicio, carecen de respaldo en las normas multilaterales del comercio internacional.
Brasilia también sostuvo que no existe justificación para la aplicación de medidas unilaterales y recordó que, según cifras del propio Gobierno estadounidense, Estados Unidos acumuló un superávit comercial de 424.500 millones de dólares en bienes y servicios con Brasil durante los últimos 15 años.
Como respuesta, el Ejecutivo brasileño anunció que activará de inmediato los instrumentos contemplados en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso en abril de 2025, precisamente en medio de la política arancelaria impulsada por la administración de Donald Trump.
Asimismo, el Gobierno brasileño confirmó que llevará nuevamente el caso al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo de cuestionar la legalidad de la medida adoptada por Washington.
Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó al Gobierno de Lula de no haber negociado "de buena fe" y afirmó que el mandatario brasileño priorizó intereses políticos sobre el bienestar económico de su país. Según Rubio, los nuevos aranceles representan "el precio que debe pagar" Brasil.
Funcionarios estadounidenses señalaron además que la investigación identificó preocupaciones relacionadas con el comercio digital y con el sistema estatal de pagos electrónicos PIX, al que Washington considera un factor de competencia desleal. También cuestionaron que Brasil otorgue condiciones arancelarias preferenciales a socios como México e India.
La Casa Blanca advirtió que, aunque no espera represalias por parte de Brasil, cualquier medida de respuesta podría derivar en nuevas contramedidas comerciales por parte de Estados Unidos, lo que podría intensificar las tensiones entre ambos gobiernos.
El nuevo episodio comercial ocurre en un contexto de creciente rivalidad política entre Washington y Brasil, marcado por el respaldo de Donald Trump al expresidente Jair Bolsonaro, condenado por la Justicia brasileña. La disputa también coincide con el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, donde la política comercial con Estados Unidos se perfila como uno de los temas centrales del debate.
