Han pasado más de dos semanas desde que se levantaron los bloqueos de caminos y las marchas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Estas medidas se prolongaron durante 53 días y perjudicaron de manera mayúscula el desarrollo económico del país, con especial énfasis en el departamento de La Paz. Sus efectos devastadores aún se sienten en la economía cotidiana. Mientras tanto, los autores intelectuales y operadores de estas acciones permanecen impunes, disfrutando, al parecer, de la enorme destrucción ocasionada al país y a la región paceña.
El ejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz "Tupac Katari", Vicente Salazar, ya se encuentra en la cárcel. Debe ser juzgado con todo el rigor de la ley para que responda por los daños causados a las ciudades de La Paz y El Alto. No deben quedar en el olvido los destrozos ocasionados al ornato público del casco viejo de la ciudad de La Paz. Tampoco, por supuesto, los graves perjuicios a la economía de la población, que pagó las consecuencias de la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, de la restricción a la libre transitabilidad, de la destrucción de carreteras, entre otros daños.
La pregunta del millón es: ¿cuándo serán capturados los otros antibolivianos y presuntos responsables, como Mario Argollo, ejecutivo de la COB; Evo Morales, expresidente del país; el senador suplente de Unidad Nacional (UN), Nilton Condori; el exejecutivo de la Federación de Campesinos de La Paz "Tupac Katari", David Mamani, entre otros? Hoy permanecen desaparecidos, escondiendo la cabeza como el avestruz y, quién sabe, quizá después de lanzar la piedra como cobardes ya hayan huido del país.
La COB y esos mal llamados "movimientos sociales" —que, en realidad, son sindicatos corporativos con fines de lucro—, al instruir el bloqueo del país durante más de 50 días, solo lograron mostrar al mundo que Bolivia y el departamento de La Paz no son viables, que no son destinos aptos para el turismo, que no existe seguridad para la libre transitabilidad ni garantías para la seguridad ciudadana o la inversión nacional y extranjera. Como consecuencia, muchos extranjeros podrían descartar a Bolivia como destino turístico y, lo más grave, considerarla un país peligroso.
Esos antipatria y traidores, con sus actitudes destructivas y sediciosas, solo consiguieron que Bolivia y La Paz sufrieran enormes pérdidas económicas y un profundo deterioro de la confianza y la esperanza en el país y en el departamento. También contribuyeron al incremento de la pobreza, al aumento del desempleo y al deterioro del bienestar de la población debido al alza del costo de vida, porque, como se escucha en los mercados, "todo ha subido".
El gobierno nacional de Rodrigo Paz también tuvo una gran cuota de responsabilidad en que esos bloqueos y marchas se prolongaran durante 53 días. Apostó por una estrategia de desgaste y cansancio de los bloqueadores y marchistas, la cual no dio los resultados esperados. Finalmente, pudo más la indignación de la ciudadanía, que salió a las calles y a las carreteras interdepartamentales para desbloquearlas, logrando incluso, en algunos momentos, hacer retroceder a los bloqueadores que mantenían bajo su control las principales vías de comunicación.
El Gobierno terminó escuchando demasiado tarde el clamor de la población para que se aplicara el Estado de Excepción. Mientras tanto, Bolivia y La Paz transmitían al mundo el mensaje de "No vengan a Bolivia ni a La Paz", mientras Bolivia y La Paz parecían darle la espalda al mundo. Las consecuencias se reflejaron en menos empleo, salarios más bajos y una economía cada vez más vulnerable.
Un país en esas condiciones está destinado al abismo. Si no cuenta con un gobierno con autoridad para hacer respetar el Estado de derecho y espera que los problemas políticos, sociales y económicos se resuelvan únicamente por la acción de la ciudadanía, entonces cabe preguntarse para qué tenemos un gobierno nacional.
El gobierno de Rodrigo Paz, durante los bloqueos y marchas registrados entre mayo y junio, volvió a cometer errores político-comunicacionales. Sigue sin contar con una estrategia de comunicación de crisis y tampoco dispone de operadores políticos eficientes que se anticipen a los conflictos. Espera que los problemas estallen para luego intentar apagarlos. Esa no es la manera de gobernar.
Es hora de sancionar con la mayor severidad a quienes hicieron del bloqueo una forma de presión permanente y una fuente de beneficios económicos. ¿Qué ocurrió con el proyecto de Ley Antibloqueos? Continúa durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Senadoras, senadores, diputadas y diputados: es momento de cumplir con su responsabilidad y dejar de hacerse los desentendidos.
