
La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Náyar, y el concejal Marco Cadena informaron que la Justicia determinó negar la solicitud a los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Petronilo Condori e Isidora Jiménez, de ser juzgados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en base a un juicio de responsabilidades, por lo que enfrentarán la denuncia por resoluciones contrarias a la ley en la justicia ordinaria por el caso del mercado Mutualista.
Ambos son investigados por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la ley en esta caso, que está relacionado con la disputa de un terreno ubicado en el tercer anillo de Santa Cruz de la Sierra.
Los acusados comparecieron ante el juez noveno anticorrupción del juzgado de la zona de la Ucebol, Roberto Arias, quien al final emitió una resolución contraria a la que esperaban Condori y Jiménez.
Antecedente
Este proceso surgió a raíz de cuestionamientos contra un fallo emitido en 2025 por los entonces magistrados, resolución que, según los denunciantes, habría favorecido a Nelson Crapuzzi, quien sostiene ser el propietario del terreno donde actualmente funciona el mercado Mutualista.
Al término de la audiencia, Náyar sostuvo que la resolución fortalece el proceso judicial y recordó que el Concejo se apersonó a las distintas causas relacionadas con este caso.
Asimismo, manifestó que espera que quienes presuntamente favorecieron intereses particulares sean sancionados conforme a ley y afirmó que el alcalde Johnny Fernández también debe responder ante la justicia si se establecen responsabilidades.
La presidenta del órgano deliberante indicó que las investigaciones no deben limitarse únicamente a los exmagistrados, sino que también deben alcanzar, según sus declaraciones, a quienes impulsaron las decisiones que habrían ocasionado perjuicios al municipio.
Añadió que el objetivo es resguardar el territorio y el patrimonio de las familias cruceñas mediante el seguimiento permanente de los procesos judiciales.
Por su parte, el concejal Marco Cadena afirmó que desde el inicio de la actual gestión se asumió el compromiso de proteger los bienes públicos. Valoró la decisión judicial y aseguró que el Gobierno Municipal, en coordinación con el Concejo y otras instituciones, continuará actuando con transparencia para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.