La temporada de incendios ha comenzado con una virulencia que no admite pausas ni improvisaciones, y con ella llega la primera gran prueba de fuego —literal y política— para el gobierno de Rodrigo Paz. En Tarija, San Lorenzo fue declarado en desastre; en Santa Cruz, el fuego que ingresó desde Brasil amenaza el Pantanal boliviano y el bosque chiquitano; en Cochabamba, el Parque Nacional Tunari arde sin control desde el fin de semana. La pregunta que flota sobre cada columna de humo es simple: ¿puede este gobierno demostrar que las cosas se hacen de otra manera?
Porque después de veinte años de administración del MAS, la gestión de los incendios se convirtió en el símbolo más crudo de un modelo de Estado que privilegió el cálculo político por sobre la respuesta técnica. Año tras año, la Chiquitania y el oriente boliviano ardieron mientras la coordinación entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios brillaba por su ausencia. Las brigadas de bomberos quedaron desatendidas, la declaratoria de zonas de desastre se demoraba hasta volverse casi simbólica, y el discurso oficial prefería buscar culpables convenientes —el empresariado privado, el oriente "opositor"— antes que asumir responsabilidades propias. La politización del desastre fue, durante dos décadas, más eficiente que la extinción del fuego.
Ese es el estándar que Rodrigo Paz tiene la obligación de superar. Los primeros gestos apuntan en una dirección distinta. El despliegue simultáneo de efectivos militares, bomberos voluntarios y personal especializado en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba; la activación de un sistema de monitoreo satelital de la Agencia Boliviana Espacial para rastrear focos de calor en tiempo real; el envío de brigadas médicas a las comunidades afectadas por el humo; y sobre todo, la decisión de investigar el origen de focos dispersos son señales de que se entiende que no basta con apagar incendios: hay que entender por qué se encienden y quién se beneficia de ello.
Pero las señales no bastan. La verdadera prueba de fuego está en lo que viene después de los sobrevuelos y las conferencias de prensa. El gobierno tendrá que sostener la voluntad política de sancionar a los verdaderos responsables, sin distinción de bandera ni de conveniencia electoral. Tendrá que garantizar que no exista complicidad, ni activa ni por omisión, con quienes avanzan sobre tierras protegidas amparados en la impunidad que dejó dos décadas de permisividad. Tendrá que demostrar, con hechos y no con comunicados, que la protección del patrimonio natural no es un eslogan de campaña sino una prioridad de Estado.
Bolivia no necesita otro gobierno que llegue a las zonas afectadas después de que el fuego ya devoró miles de hectáreas y se retire cuando las cámaras se apaguen. Necesita autoridad, sensibilidad y coherencia sostenidas en el tiempo. La Chiquitania, el Pantanal y el Tunari ya pagaron el precio de la desidia ajena. Ahora le toca a Rodrigo Paz demostrar, en medio del humo, que su gobierno está hecho de otra madera.
Los incendios en Tarija, Santa Cruz y Cochabamba ponen a prueba al gobierno de Paz: superar la desidia y politización del MAS exige coordinación real, sanciones efectivas y protección genuina del patrimonio natural boliviano.
