Han pasado dos siglos y todavía seguimos llorando por el oro que se llevaron los españoles durante la conquista, pero se dice muy poco de todo el metal que continúa desangrando las entrañas de Bolivia bajo la mirada permisiva —y con frecuencia cómplice— del propio Estado.
El reciente decomiso de un cargamento de 189 kilos de oro valorado en más de 25 millones de dólares que estaba por salir del país en un vuelo chárter hacia Dubái, no es un hecho aislado ni una hazaña de astucia criminal: es, apenas, la punta visible de un iceberg institucionalizado.
Pensar que un joven de 22 años actuó por cuenta propia raya en lo absurdo. En una terminal aérea donde se cruzan puestos de control policial, retenes aduaneros y revisiones de seguridad aérea, mover semejante volumen requiere un blindaje operativo que solo la colusión de alto nivel puede garantizar.
Los detalles revelados sobre el operativo refuerzan las sospechas: la alarma no saltó por los mecanismos de fiscalización de rutina, sino por una llamada telefónica y la alerta del propio responsable de la aeronave privada. Mapear el hecho deja como saldo cinco personas liberadas y un único “fusible” aprehendido, dejando intactos a los verdaderos financistas y a las firmas autorizadas detrás de la empresa exportadora.
Lo más revelador no es el episodio en sí, sino lo que vino después: el propio viceministro de Transparencia, Yamil García, admitió que en los últimos tres años se registraron 195 denuncias que comprometen al Senarecom y a la AJAM, las dos entidades responsables de controlar el origen y la comercialización del mineral. No hablamos de una falla aislada, sino de un promedio de más de 60 denuncias por año contra las instituciones que deberían frenar exactamente este tipo de operaciones. Cuando el propio Estado reconoce que la minería ilegal fue "tolerada" durante años está confesando que la opacidad no fue un accidente sino una política de facto.
El discurso oficial insiste en que la digitalización resolverá el problema. Pero el escáner y el código QR ya existían el 22 de julio. Lo que falló no fue la tecnología: fue la voluntad de que esa tecnología se usara. Ningún sistema digital resiste la corrupción de quien debe presionar el botón de alarma.
La minería ilegal y el contrabando de mineral operan amparados en un esquema de tributación privilegiado para el sector cooperativista, brechas cambiarias que incentivan el flete en negro y la impunidad en terminales clave. El saqueo se firma en oficinas públicas con sellos adulterados y priva al país de divisas e impuestos mientras devasta la Amazonía.
Detrás de cada maleta de oro que sale de Bolivia hay una cadena completa: la concesión que extrae sin control, la comercializadora que factura sin respaldo, el funcionario que firma sin verificar, y el destino final —Dubái, Turquía— que no pregunta el origen. Mientras esa cadena no se investigue de punta a punta, seguiremos deteniendo transportistas de 22 años y celebrando "operativos exitosos" que no tocan ni un centavo del capital real detrás del negocio.
El oro que se llevaron los españoles ya no vuelve. El que se sigue llevando esta mafia, silenciosa y bien organizada, todavía podríamos frenarlo. La pregunta es si el Estado boliviano realmente quiere hacerlo, o si, como en la Colonia, prefiere cobrar su parte del botín y mirar el despegue.
