El gobierno de Rodrigo Paz está tramitando un crédito de 2.800 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, del cual una parte sustancial se destinará a financiar el déficit fiscal. Es una suma que, frente al tamaño del agujero fiscal boliviano, equivale a darle una mosca a un tigre: se diluirá casi sin dejar huella. Y sin embargo, mientras el país sale a pedir prestado en condiciones cada vez más apretadas, el propio Estado sigue sosteniendo con recursos públicos a un conjunto de empresas que solo producen pérdidas.
Los números los ha puesto sobre la mesa el propio gobierno. La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública identificó 15 empresas estatales en "estado crítico", con pérdidas patrimoniales acumuladas de 12.700 millones de bolivianos. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, no dudó en calificar de "estafa histórica" los 26.000 millones de bolivianos que estas empresas recibieron en créditos, aportes de capital y donaciones a lo largo de dos décadas. Aun así, el presupuesto reformulado 2026 mantiene destinado a las empresas públicas cerca del 24% del total: unos 100.000 millones de bolivianos, aproximadamente 10.000 millones de dólares.
Hablamos de una cuarta parte de todo lo que el Estado boliviano gasta en un año, drenada hacia entidades que —según el propio informe oficial— en su gran mayoría no generan ingresos, sino boquetes. Comibol, por citar un caso, concentra el 40% de la planilla salarial de todo el sector empresarial público, superando el presupuesto de sueldos de todo el Órgano Ejecutivo. Son cifras que cualquier boliviano puede comparar contra lo que ese dinero podría significar en hospitales, escuelas o programas contra la pobreza. Y aun así, el gobierno no cierra, no liquida, no corta el financiamiento.
La explicación que algunos ensayan es el miedo: temor a que el sindicato de Comibol bloquee, a que los sectores afines al MAS salgan a las calles, a que el costo político de tocar estas estructuras sea más alto que el costo económico de mantenerlas. Otros hablan de inacción, de un gobierno que denuncia el modelo pero no se atreve a desmontarlo. Ninguna de esas explicaciones alcanza para justificar por qué, tras tanto discurso crítico contra Evo Morales y contra Luis Arce, el nuevo gobierno termina administrando exactamente el mismo esquema que decía venir a desarmar.
Bolivia ya paga hoy más deuda de la que recibe en nuevo financiamiento. Se endeuda para sostener lo que el propio Estado admite que es insostenible. Se pide dinero afuera mientras adentro se sigue regando con miles de millones un modelo que ha sido, en palabras del propio gobierno, el instrumento de un desastre económico. Están los informes, están los datos, está el diagnóstico oficial. Falta la decisión. Y esa ausencia, más que cualquier otra cosa, es lo que verdaderamente no se puede entender.
Se pide dinero afuera mientras adentro se sigue regando con miles de millones un modelo que ha sido, en palabras del propio gobierno, el instrumento de un desastre económico.
