América Latina enfrenta hoy un enemigo que amenaza con causar más daños que el encarecimiento del petróleo, las guerras comerciales o la incertidumbre financiera. Ese enemigo se llama El Niño. Los principales organismos internacionales y expertos coinciden en que el fenómeno climático podría convertirse en uno de los episodios más intensos de las últimas décadas, con efectos sobre la inflación, la seguridad alimentaria, la producción agropecuaria y el abastecimiento de agua.
Bolivia se encuentra entre los países que podrían sufrir el impacto con mayor severidad. Los primeros síntomas ya son visibles. Sequías prolongadas, incendios forestales, temperaturas extremas y alteraciones en los patrones normales de lluvia son apenas el anticipo de un problema mucho mayor. Entre octubre y diciembre el fenómeno podría alcanzar una categoría muy fuerte, con efectos simultáneos sobre prácticamente todo el territorio nacional.
El presidente Rodrigo Paz reconoce que el impacto es "incalculable" y que recién se está armando un plan de contingencia. El país no cuenta con sistemas de alerta temprana robustos, ni con reservas de agua suficientes, ni con una coordinación real entre municipios, gobernaciones y el nivel nacional. La experiencia de 2015-2016, cuando 300.000 personas en 121 municipios sufrieron los efectos del fenómeno, debería haber dejado una institucionalidad preparada, pero no fue así.
El costo económico proyectado es enorme: hasta 14% del PIB agropecuario y pérdidas cercanas a los mil millones de dólares en agricultura y ganadería. Este nuevo desafío llega cuando Bolivia atraviesa una de las situaciones económicas más delicadas de su historia reciente. La reducción de la producción agrícola implicará menos alimentos, mayores precios, menor ingreso para miles de productores y un incremento inevitable de la pobreza.
A ello se sumarán daños en caminos, puentes, sistemas de riego, infraestructura urbana y redes de abastecimiento de agua. La presión sobre las finanzas públicas será enorme en un país que ya enfrenta limitaciones fiscales y escasez de recursos.
Lo que corresponde ahora es actuar con urgencia y sin improvisación: acelerar el almacenamiento de agua, limpiar drenajes antes de las lluvias del oriente, reforzar de verdad —con presupuesto, no solo con discursos— las brigadas contra incendios, y diseñar programas de apoyo directo a los productores más vulnerables del altiplano y los valles. También es indispensable gestionar cooperación internacional de forma inmediata, no como un gesto diplomático sino como una necesidad de supervivencia.
El Niño no espera a que Bolivia termine de organizarse. La ventana para reducir el daño se cierra en semanas, no en meses. La pregunta ya no es si el país será golpeado, sino si sus autoridades actuarán a tiempo para que ese golpe no se convierta en una tragedia social y alimentaria de varios años.
El Niño ya no debe verse únicamente como un fenómeno climático. Es una amenaza para la economía, la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país. Bolivia aún está a tiempo de prepararse, pero el reloj avanza.
