El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó este jueves la ley que pone en vigencia el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, horas después de que el Senado sancionara la norma. La ley faculta al gobierno nacional la contratación de créditos externos por hasta $us 3.500 millones.
“A través de este presupuesto llegarán recursos económicos indispensables para obras, proyectos, salud, educación y otras necesidades de cada departamento”, destacó el mandatario en un video difundido en sus redes sociales. El presupuesto consolidado asciende a Bs 391.815 millones. Entre las cifras macroeconómicas, el PGE 2026 reformulado proyecta un déficit fiscal de 9 % y una tasa de inflación de 14 %. Además se establece una reducción de Bs 4.800 millones de la inversión pública y Bs 4.100 millones en el gasto público.
La norma también crea más de 6.800 ítems para cuatro sectores: 3.000 para Educación, 2.300 para Salud y 1.512 para la Policía y Fuerzas Armadas. También se aprobó incorporar Bs 1.000 millones al Sistema Único de Salud (SUS) con el fin de garantizar la provisión de medicamentos y las prestaciones médicas.
“La decisión de aprobar el Presupuesto General del Estado significa no solo cumplir con cada departamento, con cada municipio, sino en un momento donde la decisión conjunta de unidad para sacar la patria adelante es fundamental”, resaltó Paz Pereira, al resaltar que después de 20 años, el PGE se debatió en el parlamento y fue aprobado con mayoría en ambas cámaras.
El presidente del Senado Diego Ávila destacó que el presupuesto incorpora Bs 7.000 millones para el último tramo del año, de ese total, Bs 2.200 millones irán a gobernaciones y alcaldías lo que permitirá a estas entidades cerrar esta gestión con mayor capacidad para atender sus obligaciones.
Como parte del acuerdo entre bancadas para aprobar el PGE 2026 reformulado, el Senado aprobó una ley corta para liberar a las gobernaciones del pago de prediarios para los internos de centros penitenciarios, títulos de bachiller y bono de vacunación para profesionales y trabajadores de salud. Esta obligación volverá al nivel central. La norma debe ser aprobada por la Cámara de Diputados para entrar en vigencia.
