La imagen de dos sargentos saludando a Evo Morales en un retén de Chimoré generó un escándalo e inmediatamente anunciaron sanciones disciplinarias contra los uniformados, como si el problema fueran esos dos policías de bajo rango. El episodio expone una realidad mucho más profunda: el temor, la subordinación y la pérdida de autoridad del Estado en una de las regiones más conflictivas del país. Castigar a los sargentos difícilmente responde a la pregunta de fondo: ¿por qué actuaron así?
Durante años, el Chapare ha funcionado como un territorio paralelo. Los cocaleros han impuesto sus propias reglas, expulsado a la policía, tendido emboscadas a efectivos y cometido delitos sin que exista consecuencia judicial alguna. Se sabe, y se dice en voz baja, que la coca y la impunidad han convivido allí con total naturalidad. Frente a ese poder territorial, la institución encargada de hacer cumplir la ley optó por el silencio, la retirada y, finalmente, la sumisión. Los dos sargentos no inventaron esa dinámica: simplemente la expresaron con su cuerpo, inclinándose ante quien manda de verdad en esa región.
Lo revelador es el contraste. Frente al ciudadano común, la policía boliviana suele mostrarse prepotente, incluso abusiva; el más humilde de sus agentes puede convertirse, con el uniforme puesto, en una figura que humilla e intimida. Pero frente al poder real —político, económico o territorial— esa misma institución se vuelve dócil, silenciosa, complaciente. No protege al ciudadano de a pie; protege, en la práctica, a quienes concentran poder e influencia. Esa es la función que termina cumpliendo, más allá del discurso oficial sobre seguridad y orden público.
Los audios recientemente difundidos sobre la compra de ascensos dentro de la Policía no son un hecho aislado, sino la confirmación estructural de este diagnóstico. Que un cargo de mando pueda costar millones de dólares no es un exceso ocasional: es la lógica misma de una institución donde el poder se compra y se administra como inversión. Quien paga por ascender espera, después, recuperar esa inversión mediante el uso discrecional de su autoridad. Y quienes autorizan esos ascensos —figuras políticas con capacidad de decisión— quedan, a su vez, atados a esos mismos favores.
El caso de los sargentos de Chimoré funciona, entonces, como una metáfora exacta del país: una institución que castiga los gestos pequeños mientras tolera, año tras año, los grandes. Una policía que se arrodilla ante el poder territorial y político, pero se yergue autoritaria frente al ciudadano indefenso. Un sistema donde la sanción se aplica selectivamente, no según la gravedad de los hechos, sino según la conveniencia de quienes gobiernan.
No hace falta un gran análisis para entenderlo. Basta observar quién es sancionado y quién no, quién es intocable y quién no, para saber exactamente cómo funciona el poder en Bolivia. Así son las cosas: no por generalización apresurada, sino porque los propios hechos, uno tras otro, no dejan demasiado margen para otra lectura.
