Cuando un comandante general de la Policía admite en cámara que un narcotraficante "abrió una brecha... en muchas instituciones del Estado", no está haciendo una confesión menor. Está certificando, desde el vértice de la fuerza pública, que Bolivia tiene dos Estados operando dentro de uno solo. El general Mirko Sokol no inventó esa grieta: la describió. Y al describirla, delató que sigue abierta.
Sus palabras no son un lapsus. Son un diagnóstico. Cuando dice que "hemos afectado muchos intereses" y que existen "vínculos con diferentes niveles dentro de nuestro Estado", no habla en pasado. Habla en presente. Y cuando reconoce que un audio lo expone recaudando fondos internos para sacarlo del cargo, no describe una anécdota de pasillo: describe una guerra viva por el control de la institución que él mismo comanda.
Ese es el primer Estado: el que redacta leyes, firma decretos, aparece en la prensa y jura luchar contra el narcotráfico. El segundo Estado es el que emitió una cédula de identidad limpia para un prófugo internacional en tiempo récord, el que dejó pasar a un club de fútbol fichar a un fugitivo con nombre falso, el que demoró allanamientos las horas exactas que un cartel necesita para desmontar una casa y desaparecer. Ese segundo Estado no es una conspiración externa. Vive adentro del primero, se financia con el mismo presupuesto, usa el mismo uniforme y, a veces, ocupa el mismo despacho.
El caso Marset no creó esta división. La reveló. Un solo hombre no compra un sistema entero salvo que ese sistema ya estuviera fracturado, con actores dispuestos a vender fragmentos de soberanía a cambio de una comisión. Lo alarmante no es que Marset haya encontrado esas grietas. Es que, según el propio Sokol, todavía no se sabe cuántas quedan sin cerrar.
Por eso la frase más inquietante de sus declaraciones no es la que describe el pasado, sino la que elude el presente: dice esperar los resultados de una investigación en Estados Unidos para saber quién más está involucrado. Es decir, el mando policial boliviano delega en un tribunal extranjero la tarea de auditar su propia casa. Eso no es transparencia. Es una admisión de que la maquinaria interna de control no puede, o no quiere, mirar hacia adentro.
Mientras tanto, la plata sigue moviéndose. Si existen jefes policiales recaudando fondos para remover a un comandante, como el propio Sokol reveló, entonces las estructuras de financiamiento paralelo no se desarticularon con la fuga de Marset: se adaptaron. Encontraron nuevos objetivos, nuevas causas, la misma lógica de siempre.
Un Estado dividido no cae de golpe. Se erosiona en cuotas: una cédula aquí, un allanamiento tardío allá, un ascenso comprado, un audio filtrado como advertencia. Bolivia no enfrenta hoy la pregunta de si el narcotráfico penetró sus instituciones. Esa pregunta ya fue respondida por su propio comandante policial. La pregunta pendiente, la que define lo que viene, es si el Estado formal tiene todavía la fuerza —y la voluntad— para reconquistar el terreno que perdió dentro de sí mismo.
El caso Marset no fue un fallo aislado: reveló que Bolivia tiene dos Estados superpuestos. Sokol admite que la infiltración narco sigue viva en la Policía y otras instituciones, mientras el país espera que la justicia de EE.UU. audite lo que el propio Estado no puede.
