El entusiasmo con el que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha anunciado el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) resulta, cuando menos, desmedido. Presentar un programa de $us 1.900 millones como la panacea que devolverá la estabilidad a Bolivia es ignorar la profundidad del abismo sobre el que caminamos.
Lo que Washington le ha tendido al gobierno de Rodrigo Paz no es un cheque de aprobación a su gestión, sino un clásico señuelo condicionado: un salvavidas de plomo diseñado para poner a prueba si la actual administración tiene la voluntad real de desmantelar la pesada herencia del MAS o si continuará flotando en la inercia.
El diagnóstico del propio organismo internacional es demoledor: déficit fiscal crónico, el colapso de la producción de hidrocarburos, la evaporación de las reservas internacionales, la inflación rampante y un mercado cambiario desfigurado. Frente a semejante hemorragia, $us 1.900 millones en un plazo de tres años es una suma modesta.
En la práctica financiera, este monto apenas alcanza para cubrir unos cuantos meses de la factura de importación de carburantes o paliar el déficit de divisas más urgente. Si el Gobierno pretende sostener el mismo modelo estatista, burocrático y asistencialista instaurado durante casi dos décadas, ese dinero se evaporará sin dejar rastro.
El problema de fondo es que el gobierno de Rodrigo Paz insiste en la narrativa de la "estabilización" mientras mantiene intacto el modelo del MAS. La estructura del gasto público, las empresas estatales deficitarias y el asfixiante entramado regulatorio siguen operando sin variaciones sustanciales. Fiar la salvación económica al mero ingreso de crédito multilateral es tropezar con la misma piedra del endeudamiento paliativo que nos trajo hasta aquí.
El FMI lo sabe perfectamente. En la jerga multilateral, la aprobación de este Servicio Ampliado (SAF) no es un premio, sino una prueba de fuego. El organismo ha puesto una carnada sobre la mesa para observar la capacidad de reacción del Ejecutivo: evalúa si Paz se atreverá a ejecutar las reformas estructurales de fondo —aquellas que duelen pero corrigen— o si se acobardará ante el costo político.
Si el Gobierno demuestra un giro real hacia la apertura de mercados, la atracción de inversión privada y el recorte definitivo del gasto superfluo, las puertas para los $us 5.000 millones de financiamiento complementario del BID y el Banco Mundial se abrirán. De lo contrario, los desembolsos se congelarán tras las primeras revisiones trimestrales.
Celebrar las condiciones de un préstamo cuando la casa continúa quemándose es una grave irresponsabilidad. Dejar que la destrucción de la economía siga su curso mientras se aguarda el trámite legislativo es prolongar la agonía. Si el gobierno no pasa del entusiasmo retórico a las reformas de fondo, el espejismo de la estabilidad durará lo que tarde en agotarse el primer tramo del crédito.
El gobierno de Rodrigo Paz insiste en la narrativa de la "estabilización" mientras mantiene intacto el modelo del MAS. La estructura del gasto público, las empresas estatales deficitarias y el asfixiante entramado regulatorio siguen operando sin variaciones sustanciales.
