Con la aprobación del presupuesto reformulado 2026 vuelve un debate sobre un cambio real de rumbo o una versión maquillada del modelo estatista del MAS. La respuesta, es que se parece demasiado a lo anterior como para llamarlo ruptura, pero tiene matices suficientes como para no descartarlo del todo. .
Los números invitan al escepticismo. El Órgano Ejecutivo concentra más del 70% del incremento presupuestario, una cifra que en cualquier economía con vocación de equilibrio fiscal sonaría a alarma. A eso se suma el refuerzo de casi 90 mil millones de bolivianos para empresas públicas altamente deficitarias. La suma es el triple de lo que reciben en conjunto los gobiernos departamentales y municipales. Centralismo en su máxima expresión.
A eso se suma la facultad de contratar hasta 3.500 millones de dólares en crédito externo, mientras el propio Ejecutivo proyecta un crecimiento económico inferior al 1% y una inflación del 14% para 2026: cifras que hablan de una economía que sigue frágil pese al cambio de discurso.
Sería injusto ignorar los elementos que sí introducen una diferencia. El recorte de Bs 4.100 millones en gasto corriente no esencial, sumado a una reducción de Bs 4.800 millones en inversión pública, no son gestos simbólicos menores. El plazo de 90 días para auditar y eventualmente liquidar empresas estatales con pérdidas es, al menos en el papel, una señal de que el Ejecutivo entiende que subsidiar ineficiencia tiene fecha de vencimiento.
El ministro de economía reconoció que se ha ejecutado el 31,5% del presupuesto heredado de la gestión de Luis Arce y lo atribuyó al freno deliberado del gasto. La meta de bajar el déficit fiscal hacia un 9% del PIB, frente a niveles que superaron el 15% en años previos, marca una dirección distinta a la inercia expansiva anterior.
El problema de fondo no es técnico, es de método. El gobierno optó por una transición gradual en lugar de un ajuste de shock, apostando a que auditar antes de cerrar evita el colapso de servicios esenciales. Es una apuesta razonable en teoría, pero riesgosa en la práctica: la historia boliviana está llena de plazos de 90 días que se convierten en años y de promesas de disciplina fiscal que ceden ante la presión política o sindical. La gran pregunta es si existe voluntad política para sostener la decisión cuando llegue el momento de cerrar una empresa estatal y enfrentar el costo social que eso implica.
Bolivia no necesita otro presupuesto que hable de austeridad en el discurso mientras mantiene la arquitectura del gasto casi intacta en la práctica. El presupuesto 2026 tiene ingredientes distintos a los de la era del MAS —recortes reales, plazos de auditoría, metas fiscales más conservadoras y un incipiente retorno de la confianza internacional, visible en el acuerdo técnico con el FMI—, pero la receta general, con un Estado central que sigue privilegiando a sus empresas por encima de las regiones, todavía se reconoce. Falta ver si el gobierno tiene el coraje de completar el giro que hoy solo insinúa, o si terminamos confirmando que era, otra vez, casi MAS de lo mismo.
Bolivia no necesita otro presupuesto que hable de austeridad en el discurso mientras mantiene la arquitectura del gasto casi intacta en la práctica. El presupuesto 2026 tiene ingredientes distintos a los de la era del MAS pero la receta estatista y centralista, no se ha tocado.
