El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se presentó este lunes ante la Dirección Especializada de Lucha Contra la Corrupción (DELCC) para declarar por la investigación de presunta malversación de Bs 66 millones provenientes de un crédito municipal destinado a la construcción del viaducto del cuarto anillo y la doble vía a La Guardia. Sin embargo, tras permanecer más de dos horas en dependencias policiales, se abstuvo de declarar y abandonó el lugar sin brindar declaraciones a la prensa.
Antes de ingresar a la DELCC, Fernández aseguró que acudía para "hacer conocer la realidad y la verdad de los hechos", sostuvo que las pruebas respaldan su versión y afirmó que el proceso tiene un trasfondo político.
"Estoy tranquilo con mi conciencia, no tengo nada de qué arrepentirme. Hemos actuado conforme a la ley, existen auditorías, balances y toda la documentación que respalda la administración de los recursos", manifestó.
La exautoridad explicó que los desembolsos de los créditos municipales eran ejecutados por la Secretaría de Administración y Finanzas conforme al presupuesto aprobado y a las necesidades de la Alcaldía, incluyendo la atención de emergencias por inundaciones e incendios. También afirmó que los balances de su gestión fueron remitidos a la Contraloría General del Estado y al Ministerio de Economía.
Esta fue la tercera convocatoria a Fernández dentro del proceso. En la primera oportunidad acudió sin su abogado, por lo que la declaración fue suspendida. En la segunda presentó una baja médica por gastritis, pese a que ese mismo día ofreció una conferencia de prensa.
La Alcaldía insiste en la investigación
Tras la comparecencia, el director jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, José Luis Coplot, informó que la investigación continuará y ratificó que la denuncia no solo abarca el crédito destinado al viaducto, sino también otros 19 proyectos que, según la administración municipal, no fueron ejecutados.
Coplot señaló que la Fiscalía no dispuso la aprehensión de Fernández porque este acreditó su voluntad de someterse al proceso, aunque la Alcaldía insistirá con esa solicitud conforme avance la investigación.
Asimismo, indicó que el crédito cuestionado fue contratado en 2023, tiene un plazo de pago de diez años —hasta 2033— con una tasa de interés del 6%, y aseguró que el municipio continúa cancelando esa obligación financiera mientras se investigan el destino y la ejecución de los recursos.
