La pequeña localidad española de Ceuta ardió sin que se disparara un tiro. Entre 60.000 y 70.000 personas cruzaron en horas, decenas aparecieron muertas en el mar, y el Gobierno de España descubrió que gobernar una frontera no es lo mismo que discursear sobre derechos humanos. El resto de Europa lo vio con nitidez: 22 de 27 socios firmaron una carta advirtiendo que la política de regularizaciones masivas de Madrid es un imán para el caos. No fue Italia sola, ni la ultraderecha, ni un capricho. Fue el diagnóstico de una mayoría europea, incluidos gobiernos socialdemócratas, harta de pagar los platos rotos de la improvisación ajena.
Digámoslo sin eufemismos: la migración no es el problema. El problema es un Estado que renuncia a decidir quién entra, cuándo y cómo. La tradición liberal siempre defendió la movilidad de las personas y el trabajo como motor de prosperidad —así se construyeron Estados Unidos o Australia—. Pero esa prosperidad nunca nació del descontrol; nació de sistemas de admisión claros y de la exigencia de que quien llega se incorpore al mercado formal, no a la asistencia perpetua del Estado.
Lo de Ceuta es el espejo de lo contrario. Marruecos usó la frontera como moneda de cambio geopolítico, sabiendo que España carece de la voluntad —y quizás del coraje— para hacer valer su soberanía frente a un socio al que insiste en llamar "fiable". Y puertas adentro, el Ejecutivo prefirió el relato moral al principio elemental de todo Estado liberal: sin fronteras efectivas no hay Estado de derecho, y sin Estado de derecho no hay libertad para nadie, tampoco para el migrante que llega buscando una vida mejor y termina hacinado, indocumentado, a merced de mafias.
Ahí está la trampa ideológica que hay que nombrar. La izquierda gestora convirtió la regularización extraordinaria en bandera electoral, sin medir su efecto llamada ni su costo fiscal, apostando a construir una base de dependencia antes que de trabajo. El resultado es un país incapaz de fijar cupos racionales, de expulsar a quien no tiene derecho a quedarse, y de premiar a quien sí cumple las reglas.
La receta no es cerrar la puerta: es exigir que se cruce por ella, no por la valla. Fronteras controladas, asilo para quien realmente lo necesita, itinerarios legales de trabajo vinculados a la demanda real del mercado, y devolución inmediata para quien entra violando la ley. Nada de esto es xenofobia; es la condición mínima para que la migración vuelva a ser lo que fue: una fuente de prosperidad y no una herramienta de chantaje en manos de Rabat, ni un arma electoral en manos de Madrid.
Europa no libra una guerra contra los migrantes. Libra, sí, una batalla contra su propia parálisis. Y en esa batalla, cada día que un Gobierno confunde la firmeza con crueldad, pierde el Estado, pierde el ciudadano que paga impuestos, y pierde también el migrante honesto que solo pedía una oportunidad y una regla clara. Ceuta no debería repetirse. Pero se repetirá, mientras Europa siga prefiriendo la retórica a la responsabilidad.
Ceuta no fue un accidente: fue la factura de un Estado que confundió compasión con debilidad. Sin ley ni fronteras, ni el migrante ni el ciudadano progresan. La libertad exige reglas claras.
