Italia y Dinamarca reclamaron este lunes un endurecimiento de la política migratoria de la Unión Europea y la creación de centros de repatriación en terceros países para expulsar a inmigrantes que no tengan derecho a permanecer en territorio comunitario. La propuesta fue planteada conjuntamente por las primeras ministras Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, quienes vincularon la inmigración irregular con problemas de seguridad y delincuencia.
En una carta difundida por ambas dirigentes, Meloni y Frederiksen sostienen que la inmigración ilegal tiene “efectos negativos” sobre las sociedades europeas y mencionan entre ellos el aumento de la criminalidad, la presión sobre los servicios públicos y la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Las mandatarias ponen especial énfasis en los inmigrantes que se encuentran en situación irregular y afirman que algunos de ellos cometen “delitos violentos”, participan en “narcotráfico” o son responsables de “agresiones sexuales”. Sin embargo, el documento no aporta estadísticas, estudios ni otras fuentes que permitan sustentar una relación general entre inmigración irregular y esos delitos.
Meloni y Frederiksen consideran que Europa debe disponer de mayores instrumentos para expulsar a las personas que no tienen autorización para permanecer en sus países. En ese sentido, plantean que los inmigrantes pendientes de deportación puedan ser trasladados a centros ubicados fuera de la Unión Europea mientras se concreta su repatriación.
La propuesta llega después de la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde miles de personas procedentes de Marruecos ingresaron al territorio español el pasado 31 de julio. Meloni y Frederiksen estuvieron entre las primeras dirigentes europeas que pidieron medidas extraordinarias ante la situación y plantearon incluso la suspensión temporal de España del espacio Schengen.
La iniciativa de ambas líderes se produce mientras Bruselas avanza en mecanismos para facilitar las deportaciones. Las instituciones europeas ya han establecido una base jurídica para impulsar centros de retorno y varios Estados miembros estudian acuerdos con países terceros para albergar este tipo de instalaciones.
Italia ya intenta desarrollar un modelo de este tipo en Albania. El Gobierno de Meloni impulsó la construcción de centros destinados a gestionar la expulsión de migrantes, aunque el proyecto ha afrontado dificultades jurídicas y políticas y las instalaciones permanecen en gran medida infrautilizadas.
Roma también ha buscado acuerdos con otros países para externalizar la gestión migratoria, entre ellos Ruanda, Uganda, Uzbekistán y Montenegro. La propuesta italiana pretende ahora que este modelo pueda extenderse a escala europea y convertirse en una herramienta habitual para acelerar las repatriaciones.
La coincidencia entre Meloni y Frederiksen resulta especialmente significativa porque ambas proceden de tradiciones políticas diferentes. Meloni lidera un Gobierno de derecha nacional-conservadora en Italia, mientras Frederiksen encabeza un Ejecutivo socialdemócrata en Dinamarca. Pese a sus diferencias ideológicas, ambas han construido una estrecha cooperación en materia migratoria.
“Somos las dos únicas mujeres al frente de un gobierno en la UE”, señalan en su carta, en la que destacan también las diferencias entre sus países y sus posiciones políticas. Según explican, su colaboración se basa en un objetivo común: defender Europa, reforzar la seguridad y promover una política migratoria que consideran más controlada.
Las dos primeras ministras sostienen además que los recientes cambios en la interpretación y aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos deberían facilitar la expulsión de ciudadanos extranjeros que cometan delitos graves. A su juicio, estos cambios deben traducirse ahora en un aumento de las deportaciones desde los países de la Unión Europea.
Junto con las medidas de control migratorio, Meloni y Frederiksen reivindican el patrimonio cultural y cristiano europeo y piden que quienes llegan al continente respeten las leyes y los valores de los países de acogida. Ambas aseguran que una política migratoria más restrictiva permitirá responder a la preocupación de los ciudadanos y garantizar mayor seguridad a las comunidades europeas.
