El 19 de julio, en el 47.º aniversario de la Revolución sandinista que puso fin a la dictadura de los Somoza en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega declaró que las elecciones ya no ofrecerían una vía para acceder al poder. “Que se olviden”, dijo, en referencia a los supuestos conspiradores, golpistas y traidores contra los que afirma luchar desde que regresó al poder en 2007.
La declaración causó revuelo. Días después, Rosario Murillo, esposa y copresidenta de Ortega, intentó matizarla. Dijo que las elecciones continuarían, pero bajo nuevas reglas que excluyeran los intereses extranjeros e impidieran competir a los llamados traidores y lacayos imperialistas.
El presidente de la Asamblea Nacional habló de una reforma que aumentaría el mandato presidencial de seis a siete años, renovable por otros siete. Más allá de los detalles, queda claro que el régimen pretende mantener al matrimonio Ortega-Murillo en el poder hasta su muerte.
El régimen ya controla las autoridades electorales, la Asamblea, los tribunales, la policía, el ejército y prácticamente todas las instituciones capaces de influir en unas elecciones. En 2021, Ortega encarceló a casi todos los candidatos presidenciales serios, junto con cientos de críticos y opositores. Muchos fueron declarados traidores, enviados a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía.
Entonces, ¿por qué abandonar incluso la ficción de unas elecciones libres?
Una respuesta podría estar en la ambición de Murillo de convertirse en presidenta y en su temor a perder incluso unas elecciones amañadas. Conozco a los actores de este drama desde hace décadas y sus métodos. Creo que Murillo teme aparecer sola en una boleta electoral.
Murillo acumuló un enorme poder. Fue vicepresidenta de Ortega en 2017 y, ocho años después, copresidenta mediante una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y consolidó el control de la pareja sobre el Estado. También dejó establecido que ella sucedería a Ortega.
Dado el deterioro visible del presidente, Murillo está más cerca que nunca de alcanzar la cima del poder. Pero ninguno de los dos podría ganar unas elecciones libres. Ortega perdió en 1990, después de más de una década en el poder, y regresó a la presidencia en 2007 con apenas el 38 por ciento de los votos.
Aunque ya no existen encuestas independientes dentro de Nicaragua, un sondeo de Hagamos Democracia, organización que opera desde Costa Rica, señala que más del 95 por ciento de los nicaragüenses tiene una visión negativa del futuro y que el 66,4 por ciento abandonaría el país si pudiera.
La legitimidad que aún conserva Ortega se apoya en su pasado revolucionario. Su nombre está asociado a la lucha contra Somoza, al triunfo de 1979 y a la mitología de la Revolución sandinista.
Murillo no posee esa historia ni esa autoridad. Su poder deriva de Ortega y carece de una popularidad propia. En una sociedad profundamente religiosa, sus símbolos esotéricos y su lenguaje místico incluso le han valido el sobrenombre de “la Chamuca”, la bruja.
Murillo parece comprender perfectamente su vulnerabilidad. Mientras rinde homenaje permanente a Ortega y se presenta como guardiana de su legado, ha eliminado sistemáticamente a quienes podrían cuestionar su sucesión.
Las desnacionalizaciones masivas iniciadas en 2023 forman parte de esa estrategia. Cientos de nicaragüenses, incluyéndome, hemos sido privados arbitrariamente de nuestra nacionalidad. Muchos hemos sido expulsados, despojados de nuestras propiedades y condenados a no ejercer cargos públicos. El mensaje es inequívoco: quien pueda convertirse en rival político corre el riesgo de convertirse en apátrida.
La represión también alcanzó a la Iglesia. Aunque Murillo llena sus discursos de referencias a Dios, Cristo y la Virgen María, el régimen encarceló o exilió a sacerdotes y obispos críticos y expulsó a buena parte de la jerarquía católica.
Las purgas llegaron incluso a antiguos revolucionarios y personas cercanas al poder. El caso más revelador fue el del general Humberto Ortega, hermano de Daniel y uno de los principales estrategas de la lucha contra Somoza.
En 2024 cuestionó públicamente la posibilidad de una sucesión familiar y sostuvo que el próximo gobernante debía surgir de elecciones. Horas después, la policía confiscó sus dispositivos y lo sometió a arresto domiciliario. Permaneció bajo vigilancia hasta su muerte meses después.
Su destino demostró que ni la trayectoria revolucionaria, ni el servicio al país, ni la cercanía con Daniel Ortega protegen a quien cuestione la sucesión de Murillo.
Ortega y Murillo saben que pueden terminar como Somoza. Por eso Murillo necesita algo más seguro que unas elecciones fraudulentas: un sistema donde ningún rival auténtico pueda competir, ningún movimiento inesperado pueda surgir y ningún resultado electoral pueda convertirse en un juicio contra su pretensión de heredar el país.
La democracia nicaragüense, por la que tantos lucharon, muere ante la determinación de una pareja que quiere conservar la banda presidencial a cualquier precio.
