La liberación de José Mariano Paz Chávez, alias “Piña”, volvió a generar un cruce de responsabilidades entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público. El hombre, señalado como presunto integrante del entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, fue detenido en enero de 2026 durante un control vehicular en Puerto Pailas, pero posteriormente recuperó su libertad.
De acuerdo con un informe policial, Paz Chávez fue detenido el 19 de enero durante un control en el que se verificó que tenía antecedentes relacionados con asociación delictuosa y tenencia y portación de armas de fuego. Además, se movilizaba en una vagoneta blindada.
Sin embargo, horas después fue liberado y recuperó su vehículo. A partir de ese momento surgieron versiones contradictorias sobre quién tomó la decisión.
El entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gilmar Valencia, atribuyó la libera-ción al Ministerio Público y señaló que la fiscal Delmy Guz-mán habría determinado que no existían elementos suficien-tes para mantenerlo detenido.
Ahora, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, sostiene una versión diferente. Aseguró que la Fiscalía no emitió ninguna resolución que dispusiera el cese del arresto de Paz Chávez y negó que exista una orden fiscal o judicial que haya determinado su liberación.
Auditoría del expediente
Ante esta contradicción, el actual director de la FELCC, Johnny Coca, anunció una auditoría al expediente para establecer cómo se produjo la liberación y qué actuaciones realizaron las instituciones involucradas.
El caso adquirió mayor relevancia después de que “Piña” fuera identificado entre los cuatro bolivianos abatidos por la Policía brasileña tras la emboscada en Ascensión de la Frontera, donde murió el subteniente Yerson Salazar Aliendres. Según antecedentes policiales, era considerado por la FELCN como una persona cercana al entorno de Marset y estaba relacionado con investigaciones por presunto tráfico internacional de drogas, tráfico de armas y asesinatos.
En el caso del asesinato del abogado Lorgio Saucedo, Zeballos explicó que una resolución de rechazo emitida en mayo no encontró elementos suficientes para establecer una vinculación directa de Paz Chávez con el crimen. Sin embargo, aclaró que esa determinación todavía puede ser sometida a control jerárquico.
A esta controversia se sumó una denuncia del diputado Rolando Pacheco, quien afirmó que la liberación de “Piña” habría ocurrido tras un supuesto pago de 300.000 dólares. Esta acusación, sin embargo, deberá ser investigada y respaldada con pruebas antes de establecer responsabilidades.
