La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final de la comisión especial que investigó el ingreso y comercialización de gasolina desestabilizada en Bolivia. El documento sostiene que el combustible no llegó al mercado por un hecho fortuito y recomienda remitir los antecedentes a la fiscalía, la contraloría y el Órgano Ejecutivo para que se establezca responsabilidades.
“Dentro de este informe se puede observar que la comisión ha identificado presuntos responsables, y que entre ellos están exministros, exgerentes de YPFB y exadministradores de la ANH”, afirmó la diputada del PDC Ximena Arispe en la sesión.
El informe establece observaciones correspondientes a distintas gestiones de gobierno. Entre las autoridades de la administración de Luis Arce menciona al expresidente, al exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y al entonces presidente de YPFB Armin Dorgathen. También aparecen exautoridades que ejercieron funciones en el actual gobierno, entre ellas el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, el expresidente de YPFB Yussef Akly y la exdirectora de la ANH Margot Ayala. Las observaciones alcanzan además a los exdirectores de la ANH Germán Jiménez y Joel Callaú.
Arispe explicó que la comisión estableció parámetros para identificar posibles responsabilidades en gestiones anteriores y en la actual. Según detalló, el documento contempla seis casos de gestiones pasadas y otros seis relacionados con la actual administración. La investigación, sin embargo, no atribuye de manera definitiva responsabilidades penales o administrativas, y la comisión plantea que las instancias competentes profundicen las pesquisas y determinen individualmente si hubo delitos, faltas administrativas, acciones u omisiones vinculadas con el ingreso y comercialización del combustible cuestionado.
Fallas en el control
Entre las principales conclusiones del informe se establece que la llegada al mercado de la gasolina desestabilizada no fue producto de una circunstancia aislada. La comisión identificó una cadena de decisiones, omisiones administrativas y deficiencias técnicas que habrían permitido que el combustible fuera comercializado pese a los problemas detectados.
El documento también cuestiona los mecanismos de control aplicados por YPFB y la ANH y advierte sobre una ausencia de controles adecuados para garantizar la calidad del combustible antes de su distribución.
La investigación parlamentaria incluyó además denuncias relacionadas con la adquisición de combustibles, crudo, diésel y gasolina a empresas transnacionales, así como posibles irregularidades en los procedimientos utilizados para la compra y comercialización de carburantes.
Continuidad
El documento, junto con sus conclusiones y la documentación de respaldo, será remitido al Ministerio Público para que determine si corresponde iniciar o ampliar investigaciones penales y se establezca responsabilidades individuales. La Contraloría General del Estado también deberá evaluar los posibles daños y responsabilidades administrativas mediante auditorías.
Asimismo, el informe será enviado al Ejecutivo para que adopte las medidas necesarias frente a las observaciones detectadas en la administración de las entidades del sector hidrocarburos.
El tratamiento del informe se produjo después de una extensa sesión legislativa. Tras la lectura de las conclusiones, el pleno declaró un cuarto intermedio de aproximadamente dos horas y posteriormente retomó el debate antes de someter el documento a votación. Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados Roberto Castro anunció la aprobación de la resolución camaral y dispuso que los antecedentes sean enviados a las instancias correspondientes.
