El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que Bolivia no será una “tierra libre para mafias” y que el Estado enfrentará con la fuerza de la ley a las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y el narcoterrorismo.
“Los narcos debe saberlo: Bolivia no será tierra libre para mafias”, escribió Justiniano en su cuenta de Facebook, en el marco del foro de la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) realizado en Panamá.
El encuentro contó con representantes de una veintena de países, entre ellos el secretario de Guerra de Estados Unidos Pete Hegseth.
“Los narcos no son actores sociales ni interlocutores políticos. Son organizaciones criminales que destruyen familias, financian violencia, capturan territorios, corrompen instituciones, explotan nuestras fronteras y amenazan la democracia”, agregó Justiniano.
Las declaraciones se producen en un contexto marcado por una pugna entre las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho por el control del narcotráfico en Bolivia y que ha dejado 11 personas fallecidas en el departamento de Santa Cruz.
Detalles del encuentro
Justiniano indicó que durante el foro se acordó, junto a ministros, jefes de defensa y otras autoridades de la región, una agenda centrada en el trabajo conjunto y en una campaña contra las redes criminales que operan más allá de las fronteras.
Además, se reunió con Hegseth y con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos Francis Donovan.
El ministro identificó dos puntos centrales del encuentro. El primero fue la necesidad de que el foro no se limite a declaraciones, sino que tenga un carácter operativo y se enfoque en el trabajo conjunto.
Como segundo punto, sostuvo que la amenaza debe entenderse como un sistema regional, debido a que los países no enfrentan hechos aislados, sino redes que combinan rutas, logística y otros mecanismos para desarrollar sus actividades.
“Para Bolivia, esta discusión confirma la necesidad de llegar con una agenda propia: fortalecer presencia y control en fronteras, espacio aéreo, ríos e infraestructura crítica; mejorar inteligencia financiera y ciberdefensa; fortalecer la supervisión, fiscalización y trazabilidad de sustancias controladas y precursores; y revisar el marco normativo para que todas las capacidades del Estado puedan actuar mejor frente a estas amenazas”, agregó.
En las últimas semanas se registró una ola de violencia en Santa Cruz que dejó 11 personas fallecidas: cinco en San Matías, entre ellas un policía; dos en Santa Cruz de la Sierra; dos en Yapacaní, cuyos cuerpos fueron decapitados; una en San Ignacio de Velasco y otra en Puerto Suárez.
