La falla de mercado, selección adversa, ha sido bien estudiada por los economistas en campos tan diversos como los mercados de bienes, las finanzas y los mercados laborales.
Nos centraremos en los mercados laborales formales, tomando como punto de partida que empleadores y potenciales empleados no tienen la misma información. Los que están buscando trabajo conocen mejor sus destrezas y lo que pueden rendir que los empleadores. Como los empleadores, en una empresa dada, no pueden distinguir bien entre los buenos y malos trabajadores, antes de contratarlos, pueden terminar con una fuerza laboral con una productividad y salario promedio que pueden ser más bajos que los de otras empresas. Esto hace que los más calificados busquen empleo en empresas de la competencia.
Estirando un poco el razonamiento al empleo en el gobierno y en el sector público en general, se puede llegar a las mismas conclusiones. Las remuneraciones son bajas, a pesar de lo que dicen los demagogos, y los riesgos legales son significativos.
Se puede hacer el ejercicio de calcular el costo esperado de los riesgos legales, que puede ser muy alto tanto por la posibilidad de perder la libertad o los ingresos o, como mínimo, las facturas de los abogados, y deducirlo del sueldo monetario.
Ese bajo sueldo efectivo, es decir neto de los costos anticipados, hace que a los profesionales más talentosos, con honrosas excepciones, no les atraiga el servicio público, especialmente en altas funciones. La consecuencia es un muy bajo rendimiento, que se nota.
Si a un servidor público de la talla de Mauricio Medinaceli, con amplia experiencia profesional, tanto en el país como en el extranjero, se lo ha maltratado como se ha hecho, muchos profesionales a los que se quisiera tener optarán por un empleo en el sector privado o en el extranjero.
El Ministerio Público que –parafraseando a Proust– estaba en búsqueda del delito perdido, usando la imputación paspartú de incumplimiento de deberes, llegó a pedir la detención preventiva del licenciado Medinaceli, lo que felizmente el juez no aceptó. Hubiese sido el colmo.
Además del sufrimiento infligido injustamente a una persona proba, la calidad promedio de los servidores públicos corría el riesgo de caer, con repercusiones negativas para el desarrollo y la economía del país. Dudo que los administradores de justicia estén conscientes de esos costos.
Hay también un caso de selección adversa con la salida de José Luis Lupo. Él era, de lejos, el mejor ministro del gabinete del presidente Paz Pereira.
Tiene la competencia profesional, una gran experiencia del sector público y un gran conocimiento de las instituciones financieras internacionales, donde además es muy respetado. Es, además, de una honradez intachable. El país, no sólo el gabinete, pierde mucho con el alejamiento de Lupo.
Tanto a Mauricio Medinaceli como a José Luis Lupo los conozco personalmente y siempre me han impresionado bien. El país no debería dejarlos irse, no a través de métodos coercitivos, sino dándoles el lugar que les corresponde.
En este mundo cambiante, con significativos progresos tecnológicos, necesitamos a los mejor preparados. La calidad de la administración pública es muy importante para el desarrollo del país, como lo reconocen las instituciones de cooperación internacional. En yunta con el sector privado, le pueden dar al país el salto de productividad, que tanta falta le hace. Si no lo hace, nos darán el "premio limón" de ser los últimos en la cola de los países latinoamericanos.
Los altos funcionarios públicos deben gozar de remuneraciones competitivas, comparables con las del sector privado para responsabilidades similares. Se les debe también otorgar la suficiente protección legal, tal como la que se tenía en el artículo 158 de la abrogada Ley 1488 de bancos y entidades financieras (texto ordenado, al 5 de mayo de 2004) para los altos funcionarios del sector financiero. Sería deseable recuperar y extender los alcances del mencionado artículo 158 a todos los altos servidores públicos.
